La audiencia del caso Las Malvinas, que investiga la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro niños en Guayaquil, dio un giro decisivo este 2 de diciembre. Tras semanas de testimonios, pericias y reconstrucciones de los hechos, el Tribunal Penal escuchó revelaciones que despejan dudas sobre un posible encubrimiento institucional y sobre la coordinación interna que siguió a la detención ilegal de los menores.
Los nuevos testimonios, especialmente el del último cooperador eficaz, apuntan a que varios de los militares procesados acordaron un relato común, alteraron documentos oficiales y presionaron a quienes buscaban colaborar con la justicia.
Una de las declaraciones más relevantes provino del soldado Christian A., quien reveló que los informes operativos entregados por los militares no fueron redactados de manera individual y espontánea, sino coordinados para que coincidieran entre sí. El testigo dijo que, tras reunirse con superiores, los uniformados acordaron “qué debían decir” y procedieron a elaborar documentos prácticamente idénticos: “Esos informes que ustedes ven son copia y pega, mi informe es igual al de C.; yo cambié palabras, pero todo es lo mismo”, afirmó ante el Tribunal.
El cooperador también dijo que recibió instrucciones para borrar videos y fotografías tomadas durante la detención de los menores, una orden que, según él, involucró a más de un oficial y que tenía como finalidad eliminar cualquier registro comprometedor.
Otro elemento que llamó la atención fue su relato sobre las municiones. Christian A. aseguró haber escuchado que uno de los militares buscaba “con quién hablar” para reponer las balas utilizadas la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando vecinos reportaron detonaciones en la avenida 25 de Julio, el sitio donde los niños fueron interceptados. La conversación aludía a la reposición de munición estatal para que el uso de armas no quedara registrado oficialmente. “Ya mañana vemos qué te piden para reponer las municiones”, relató el cooperador, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que hubo un intento deliberado de ocultar el despliegue real de fuerza durante la aprehensión ilegal.
La audiencia también permitió escuchar por primera vez una defensa frontal del subteniente John Z., uno de los procesados más mencionados en las reconstrucciones y señalado en varios testimonios como uno de los agresores más violentos y directos.
En un giro discursivo, Z. acusó a los cooperadores eficaces de mentir por presión de sus abogados, quienes —según él— les habrían pedido “sumarse a un relato” para obtener beneficios procesales. Afirmó que las versiones en su contra son “una conspiración” y aseguró que los hechos no ocurrieron como se ha descrito. Sin embargo, sus afirmaciones no incluyeron evidencia nueva que contradiga las pericias, los videos o las coincidencias entre testimonios de distintos rangos.
Z. también intentó restar credibilidad a la tesis fiscal de que los niños fueron abandonados en una zona aislada y sin posibilidades de auxilio. Según su versión, cuando fue trasladado nuevamente a Taura constató que “había motociclistas, casas y circulación”, y que no era cierto que el sitio fuera inhóspito. Esta afirmación contrasta con testimonios previos de otros militares, quienes describieron el sector como alejado, oscuro y silencioso.
La audiencia aportó otro elemento relevante: el testimonio del teniente coronel Juan Francisco I., quien reconoció que la ropa de los menores fue encontrada en una hoguera todavía caliente cerca de un canal de agua. Dijo que ordenó recoger las prendas, lo que confirma la existencia de una fogata usada para quemar evidencia, uno de los hechos más sensibles del expediente.
El cooperador Christian A. también relató actos de intimidación cuando decidió colaborar con la Fiscalía. Señaló que otros militares le insistieron en que no pidiera ciertas pericias —como luminol— y que bajara el perfil de su testimonio.
Al cierre de la jornada, el Tribunal informó que los 17 procesados terminaron con la presentación de sus pruebas. Con esta etapa concluida, el proceso entra en su fase decisiva: la Fiscalía está habilitada para presentar sus alegatos finales, en los que detallará por qué considera acreditada la desaparición forzada con resultado de muerte y la participación directa e indirecta de los uniformados.
El caso, que conmocionó a Ecuador por la edad de las víctimas y la brutalidad descrita en pericias y testimonios, se acerca a una sentencia donde el Tribunal deberá valorar si existió un encubrimiento concertado que prolongó la impunidad y si la cadena de irregularidades confirma responsabilidad estatal en la desaparición y asesinato de los niños de Guayaquil.