El ministro del Interior confirmó que Ecuador busca que alias “Pipo”, señalado como el líder y principal financista de la organización criminal Los Lobos, sea extraditado directamente a Estados Unidos. El funcionario aseguró que ya realiza las gestiones diplomáticas y judiciales necesarias para que el proceso avance en esa dirección, tras la captura del delincuente en España y la reactivación de los casos que tenía en Ecuador, archivados tras una falsa acta de defunción. “Estoy haciendo las gestiones pertinentes para que sea enviado directamente a los Estados Unidos”, dijo en una extensa entrevista en la que repasó el impacto de esta detención y los próximos pasos en la lucha contra el crimen organizado.
Alias “Pipo”, cuya identidad civil no fue mencionada en la entrevista, es considerado por las autoridades como el único cabecilla real de Los Lobos, una estructura que opera bajo un mando vertical en contraste con otros grupos criminales. El ministro sostuvo que el detenido “tiene la responsabilidad de más de 400 muertes” en Ecuador, además de su presunto rol en masacres carcelarias, ataques con coches bomba y operaciones de narcotráfico. Tras su captura en España, insistió, el objetivo del Gobierno es impedir que el proceso se prolongue y obtener su traslado inmediato a un país donde pueda enfrentar cargos graves por crimen organizado y terrorismo, figuras bajo las cuales Estados Unidos reconoció a Los Lobos.
El funcionario explicó que la detención del cabecilla se produjo en una operación coordinada con cuerpos policiales internacionales, y que Ecuador actuó en menos de 48 horas para solicitar la difusión roja de Interpol. El trámite permitió que el proceso no avanzara únicamente con fines de deportación, sino con bases para extradición. “Lo logramos en 24 horas”, afirmó, destacando que ese procedimiento suele tomar más tiempo. También reveló que, al abrirse nuevamente los procesos judiciales en Ecuador —cerrados cuando se declaró oficialmente muerto a Pipo—, abogados particulares intentan mantener la validez de esa acta de defunción pese a que el detenido se encuentra vivo en una prisión española. Calificó ese intento como una “payasada” y advirtió que espera que ningún juez ecuatoriano “se preste a eso”.
Para el Gobierno, la extradición directa a Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia para golpear a los altos mandos del crimen organizado. En el caso de alias “Topo”, integrante de Los Choneros, el ministro aseguró que su traslado al país norteamericano está “en camino”, dado que ya purga una sentencia de 16 años en Ecuador pero también es requerido por narcotráfico en cortes estadounidenses. Insistió en que la cooperación bilateral se mantiene “intacta”, a pesar de debates recientes en Ecuador sobre la instalación de oficinas de Homeland Security. Afirmó que ambos países sostienen “el compromiso de continuar” con operaciones conjuntas, especialmente en incautaciones marítimas y en investigaciones sobre economías criminales.
La detención de cabecillas, sostuvo, desató reacciones violentas entre organizaciones que intentan reacomodar sus territorios. Según el ministro, el 85% de las muertes violentas registradas este año son resultado de disputas entre estructuras delictivas presionadas por las intervenciones del Estado. “No vamos a pactar con los criminales. Estamos en una guerra declarada”, dijo, al justificar que el debilitamiento de Los Choneros abrió un espacio de confrontación que Los Lobos buscaron aprovechar, hasta que fueron golpeados por la captura de figuras como alias “Pipo”.
El ministro insistió en que Ecuador ha afectado “más de USD 9.000 millones” a la economía criminal mediante operativos contra la minería ilegal, incautaciones de droga y destrucción inmediata de sustancias decomisadas. Aseguró que la práctica de almacenar cocaína en bodegas —32 en todo el país durante gobiernos anteriores— facilitaba robos, incendios provocados y sustitución de cargamentos. En contraste, dijo que hoy la destrucción se realiza casi de manera inmediata, con pruebas de campo bajo supervisión fiscal. También confirmó que Ecuador será sede de reuniones con autoridades estadounidenses que buscan que el país lidere, a nivel regional, estrategias contra el tráfico de fentanilo.
El ministro adelantó que el “próximo año” se espera que los efectos de estas capturas se reflejen con mayor claridad en la seguridad ciudadana. Señaló como pieza clave la nueva cárcel de 15.120 plazas anunciada por el Gobierno, que replicará el modelo de máxima seguridad del centro El Encuentro. Según dijo, la ausencia de privilegios, el aislamiento operativo y la inhibición total de señales telefónicas ya generan un cambio en el comportamiento criminal. “Le puedo asegurar que los 320 presos que tengo ahí no la están pasando bien… Hoy sí están cumpliendo sus penas como debe ser”, aseguró.