En medio del debate por la reforma laboral, la industria prevé que 2025 finalizará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. En caso de contemplar también los litigios por despidos y empleo no registrado que se abrieron a lo largo del año, la cifra total de la industria del juicio trepa a 260.000.
El sistema de riesgos del trabajo en Argentina sigue enfrentando una presión sin precedentes por la cantidad de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una situación que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la generación de empleo formal. De acuerdo con la información difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con unas 130.000 demandas. Este fenómeno, que se mantiene desde hace años pese a los intentos de reforma, se traduce en un incremento de los costos empresariales y en una creciente incertidumbre para quienes buscan invertir en actividades intensivas en mano de obra.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.
Bajo la perspectiva de la UART, el debate actual se centra más en los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias similares que en lo que ocurre con los procesos legales abiertos por riesgo laboral. En tal sentido, definen al esquema vigente de accidentes como obsoleto.
El contraste con otros países
El contraste internacional es significativo: Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Si se aplicara la tasa de España, el país debería tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600, según datos de UART.
A pesar de este contexto, el balance a 29 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema muestra avances significativos: la mortalidad laboral se redujo un ochenta y uno por ciento, la siniestralidad bajó cincuenta y cinco por ciento y la gravedad de los accidentes cayó treinta y nueve por ciento.
El tema se tocó este viernes en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.
Eterovich analizó el clima de expectativas que genera la próxima discusión sobre la reforma laboral, así como la demanda del sector empresarial de reducir costos y bajar la incertidumbre jurídica. También planteó dudas sobre el alcance de las modificaciones que el Gobierno llevará al Congreso Nacional.
“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich y agregó que el eje central estará en definir si el proyecto contempla regulaciones sobre la llamada ‘industria del juicio’ en la Argentina.
Accidentes laborales
Datos de mediados de este año muestran que la distribución de estos litigios no es homogénea en el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% del total de causas, superando los valores registrados en 2024. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también muestra un aumento respecto al año anterior, mientras que Santa Fe experimentó un crecimiento interanual del veintiocho por ciento en junio, muy por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que implementaron Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben índices de litigiosidad considerablemente más bajos, lo que sugiere que la aplicación plena de la normativa vigente podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y aportar mayor previsibilidad al sistema, según sostienen en el sector.
La legislación actual, en particular la Ley 27.348 de 2017, establece la creación de estos cuerpos médicos forenses para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones como Mendoza —donde se conformó un cuerpo médico con cinco peritos bajo la órbita judicial, aunque continúan operando otros peritos controlados por este cuerpo— y la reciente convocatoria en Santa Fe para integrar un nuevo equipo de peritos, la mayoría de las provincias no ha avanzado en este sentido. En estos distritos, los peritos actúan por listados y perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según la UART, genera un “circuito perverso de incentivos”.
Este esquema ha derivado en que las pericias determinen porcentajes de incapacidad superiores a los establecidos por la normativa oficial, con un promedio que excede en 12,5 puntos los valores del baremo vigente. Además, las tasas de interés judiciales elevadas convierten los juicios en una apuesta financiera de retorno asegurado, advierte el sector. En 2024, el stock de juicios en curso llegó a 290.000 casos, y se estima un flujo de 260.000 nuevos para 2025, lo que representa una carga significativa para el sistema, las aseguradoras y los empleadores.
El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial, y aunque este porcentaje aumentó en el último año, no lo hizo al ritmo de la litigiosidad.
El impacto de esta situación sobre el sector privado es directo: la judicialización creciente eleva el valor de las primas de seguros, afecta la competitividad de las empresas y actúa como un freno para la generación de empleo formal. Según la UART, este fenómeno genera incertidumbre y limita la capacidad de planificar inversiones, especialmente en sectores que requieren gran cantidad de mano de obra.
Un dato que ilustra la magnitud del problema es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que evidencia una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el sesenta por ciento de las demandas se presenta fuera del plazo legal establecido, lo que contribuye a la acumulación de causas y a la saturación de los tribunales.
El costo económico de la litigiosidad impacta de lleno en el sector productivo. Según la UART, tomando como referencia el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al denominado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentando el empleo registrado.