En medio del debate por la reforma laboral, el 67,5% de los argentinos se manifiesta a favor de transformar la cuota sindical en un aporte voluntario. También, se observa una marcada desconfianza respecto al funcionamiento del modelo gremial vigente.
De acuerdo con un relevamiento de la consultora Zentrix, la demanda de cambio en el esquema sindical trasciende las divisiones políticas tradicionales. Al analizar la orientación política de los encuestados, se observa que tanto quienes apoyan al oficialismo nacional como los votantes opositores coinciden de manera clara en el respaldo a la voluntariedad de los aportes sindicales.
Esta convergencia, poco habitual en el escenario político argentino, indica que la discusión sobre las cuotas gremiales constituye uno de los escasos temas en los que existe un alineamiento mayoritario entre distintos sectores del electorado.
La magnitud del consenso se amplía aún más cuando se consideran las posiciones intermedias. Si se suman quienes se declaran neutrales o afirman que el tema no les resulta particularmente relevante, el universo de personas que no se opone a la modificación asciende al 82,2%.
Así, más de ocho de cada diez argentinos se muestran de acuerdo o, al menos, no presentan resistencia frente a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales. Solo un 17,8% sostiene que el sistema actual debe mantenerse sin cambios.
El relevamiento de Zentrix también indaga sobre la percepción de la normativa laboral vigente. Más de la mitad de los encuestados, un 55%, se pronuncia a favor de actualizar o reemplazar las reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales.
Esta inclinación hacia la reforma se mantiene incluso entre quienes expresan dudas o posiciones intermedias, lo que sugiere la existencia de un diagnóstico social extendido.
“La estructura laboral actual es percibida como rígida, desactualizada y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas. La demanda de cambio no surge sólo de la discusión política coyuntural, sino de una lectura más profunda sobre la necesidad de modernizar reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales”, analizó el informe.
La imagen de los sindicatos emerge como otro aspecto crítico. Solo un 15,2% de los consultados declara una percepción positiva de las organizaciones gremiales, mientras que un 63,9% expresa una valoración negativa.
Este rechazo no se explica únicamente por motivos ideológicos, sino que responde también a una experiencia acumulada de distancia respecto de las preocupaciones cotidianas de los trabajadores, así como a la percepción de estructuras burocráticas y dirigencias que permanecen inalteradas desde hace décadas.
El contraste entre el peso histórico de los sindicatos y su legitimidad actual se hace evidente incluso entre los votantes peronistas, tradicionalmente su base sociológica: en este segmento, la negatividad alcanza el 30,2%, lo que confirma que la crisis de confianza hacia el sindicalismo argentino supera cualquier frontera partidaria.
En este sentido, Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo recientemente: “Ya dejamos de ser la columna vertebral del movimiento obrero”.
Mientras tanto, los sindicatos reclaman que no fueron convocados al debate por la reforma laboral. El cotitular de la CGT, Jorge Sola, lanzó una advertencia directa al Gobierno ante la falta de apertura al diálogo: “Si no nos llaman, van a chocar con la misma pared de siempre”. También advirtió que “mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”.
Otros gremios consultados por Infobae confirmaron que no son parte de la mesa de negociación y que ninguna de las propuestas que circularon en las últimas semanas, como los salarios dinámicos y el banco de horas, fueron consultadas con ellos. La percepción general es que el Gobierno no conoce en profundidad realmente lo que busca implementar. De todos modos, esperan el texto final y no opinan sobre “rumores”.
Por otra parte, como contexto general, las principales preocupaciones del país de acuerdo a Zentrix muestran un diagnóstico compartido, pero con prioridades muy distintas según la identidad política.
A nivel nacional, el desafío dominante es la situación económica general (30,7%), seguida por la corrupción (22,6%) y el desempleo (13,1%), un patrón que combina malestar material con percepciones institucionales.
Problemas como educación (8,9%), inseguridad (8,3%) y narcotráfico (7,5%) aparecen en un segundo plano, mientras que la inflación –que históricamente lideraba el ranking– queda relegada al 5,1%, confirmando su pérdida de centralidad en la agenda.