Las diferencias en el costo de la electricidad residencial se profundizaron en noviembre de 2025 y muestran un mapa energético fragmentado. Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet), un hogar promedio puede pagar hasta seis veces más de acuerdo a la provincia en la que vive, aun considerando el mismo consumo promedio mensual de 265 kWh. Las variaciones surgen de la combinación entre los precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía y los distintos valores del componente de distribución (VAD) autorizados en cada jurisdicción.
El informe señala que la Resolución 434/25 unificó los precios mayoristas de la energía eléctrica a partir del 1° de noviembre, pero “el ritmo de los incrementos tarifarios correspondientes al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias”. Esa divergencia es la que explica el salto entre las facturas finales de cada distrito, incluso cuando la energía mayorista y los impuestos se rigen por parámetros comunes.
Brecha de costos entre provincias
La comparación de facturas finales —incluyendo impuestos y sin descuentos— exhibe una dispersión inédita. Para un consumo mensual de 265 kWh, el monto más bajo del país es inferior a $20.000, mientras que las jurisdicciones más caras superan ampliamente los $120.000. La relación entre ambos extremos alcanza una diferencia cercana a seis veces.
En concreto, un usuario de ingresos bajos de Neuquén paga actualmente una factura media de $85.271, mientras que un usuario de Santa Cruz abona $12.209. En ese ejemplo, la diferencia es de 6,6 veces. En el caso de los usuarios de nivel medio la brecha es de cinco veces, mientras que en los de ingresos altos la distancia es más corta, de 3 veces.
El documento advierte que la dispersión es multicausal. “Conviven empresas públicas, privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales”, remarcan desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios. Además, los cuadros tarifarios responden a estructuras de costos distintas, a la frecuencia con que se actualiza cada componente y al impacto de las cargas impositivas locales.
La composición de la factura también varía según el nivel de ingresos del usuario. En promedio país, un hogar N1 —clasificado como de altos ingresos— abona $69.935 mensuales por la electricidad, mientras que un usuario N2, considerado de bajos ingresos, paga $43.598 y uno N3, de ingresos medios, $50.758. En términos relativos, la factura de un usuario N1 “es 1,6 y 1,4 veces superior respecto de la de un hogar N2 y N3, respectivamente”.
Cómo se distribuye el costo de cada factura
El análisis del IIEP detalla la estructura típica de una factura según el segmento. En el caso de los usuarios N1, la energía representa el 33%, el VAD el 41% y los impuestos el 27%. En los hogares de ingresos bajos (N2), la participación del VAD crece hasta el 55% y la energía baja al 18%, mientras que los impuestos permanecen en torno al 27%. Para los usuarios de ingresos medios (N3), la factura se compone por 31% de energía, 42% de VAD y 28% de impuestos.
La carga impositiva también cambia entre provincias. Algunas jurisdicciones aplican tributos adicionales —como tasas municipales o fondos específicos— que elevan el valor final, mientras que otras sostienen esquemas fiscales más acotados.
Subsidios y cobertura de costos
Pese a las subas en los precios desde 2024, persiste una brecha entre el costo real de la energía y el precio que pagan los hogares. El informe destaca que, en promedio nacional, la cobertura de costos para la categoría residencial es del 58%: los usuarios aportan esa proporción vía tarifas, mientras que el Estado financia el 42% restante.
Incluso los hogares N1 mantienen un nivel de subsidio, según la página 9 del documento. Para este segmento, la tarifa eléctrica permite cubrir el 89% del costo reconocido por la Secretaría de Energía, por lo que el Estado continúa absorbiendo la diferencia. En el caso de los usuarios N2 y N3, la cobertura es más reducida: 30% y 44%, respectivamente.
El esquema de bonificaciones aplicado en 2025 —establecido por la Resolución 36/2025— introdujo “una escala de bonificaciones decrecientes para cada mes hasta finales de 2025”, lo que implica un sendero gradual de reducción en la asistencia estatal, especialmente sobre los segmentos medios y bajos.
Qué factores explican las diferencias
El informe identifica varios elementos que generan la dispersión tarifaria:
- Actualizaciones del VAD: cada provincia define la frecuencia y magnitud de los ajustes según la estructura de costos de su distribuidora.
- Características de la red: densidad poblacional, extensión territorial y condiciones climáticas inciden en los costos de operación.
- Modelo de gestión: empresas públicas, privadas y cooperativas presentan costos y esquemas regulatorios diferentes.
- Impuestos y tasas locales: algunos distritos aplican cargos adicionales que elevan la factura final.
- Anomalías regulatorias: el documento menciona “factores exógenos que alteran artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”.
El IIEP advierte que las comparaciones deben interpretarse con cautela. “Una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación… pero debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada jurisdicción”, concluye el estudio.