La CGT tiene otro frente de batalla con el Gobierno además de la reforma laboral. La difusión del proyecto de Libertad Educativa que impulsa Javier Milei provocó un fuerte rechazo de los gremios de la educación agrupados en la central obrera: “El proyecto serrucha el sistema educativo; lo derriba para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento, entre otros temas sensibles”, dijo el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Tras declarar el estado de alerta de su organización, el dirigente expresó su “rechazo absoluto” al proyecto que circula en los medios y señaló: “Lo primero que vamos a presentar es nuestra disidencia en el Consejo de Mayo a través de nuestro representante de la CGT”.
Como anticipó Infobae, el Gobierno llevó al Consejo de Mayo el borrador de un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006.
La iniciativa habilita la educación en el hogar (el “home schooling”) como una de las “formas alternativas de enseñanza”, junto con la educación híbrida (que combina instancias presenciales y virtuales) y a distancia, sin establecer una edad mínima. Para la educación en casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”.
También autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Y permite, junto con los planes de estudio “comunes” –que se elaboran en los ministerios– la posibilidad de planes de estudio “propios”, diseñados por cada escuela. Además, declara la “esencialidad” de la educación básica, lo que quiere decir que, ante cualquier protesta, deberá garantizarse la “continuidad mínima del servicio educativo”.
Consultado por Infobae, Romero reveló que le planteará sus quejas por esta “reforma inconsulta” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: “Soy un hombre de diálogo y voy a intentar hablar con las autoridades para ver el grado de veracidad de esto. Pero en el caso de que ese diálogo no sea fructífero, a través del representante que tenemos en el Consejo de Mayo vamos a presentar nuestra disconformidad con respecto a este proyecto”.
Si el Gobierno insiste con esta iniciativa, la idea de los sindicatos es decidir medidas de fuerza?, le preguntó este medio al referente de la CGT en los temas educativos: “Exactamente. Por eso nos ponemos en alerta”.
En un informe presentado a la CGT, Romero afirmó: “Lo alarmante del proyecto de referencia es que deroga en su totalidad la Ley 26.206 de Educación Nacional, como así también buena parte de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, entre otras».
“Cabe destacar que en este borrador desaparece la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, siendo que la inversión educativa hoy es un menester principal para cualquier Nación que pretenda su desarrollo”, sostuvo el sindicalista.
Para Romero, “lo antedicho se pretende dar en un marco que en gran medida desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica del sistema educativo, cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario para garantizar una educación pública de calidad e inclusiva”.
Advirtió que “en el aspecto laboral avanza sobre derechos al punto que elimina la estabilidad laboral del trabajador docente y ni siquiera habla de paritarias, desconociendo derechos básicos sobre la negociación colectiva que poseen los trabajadores de cualquier actividad”.
“Lo regresivo de esta pretendida norma queda evidente cuando autoriza la educación confesional en la escuela pública -agregó-. En el año 1884, con la Ley 1420, ya se instauraba la educación laica en nuestro país”.
“Otro aspecto preocupante de este borrador es que se financia la educación de gestión privada en detrimento de la educación de gestión pública, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población”, puntualizó el secretario de Políticas Educativas de la CGT.
Precisó que, “en general, transfiere la responsabilidad de la educación formal a las familias, transformando una obligación del Estado -destinada a garantizar un derecho social- en una iniciativa individual”.
Romero, de todas formas, resaltó que “algunos proyectos similares, que se intentaron aplicar aisladamente en nuestro país, como, por ejemplo, el de las escuelas charter, tuvieron un palmario y rotundo fracaso en poco tiempo”.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también rechazó “enérgicamente el documento que circula bajo el nombre de “ley de Libertad Educativa” al considerarlo “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.
“Desde nuestra organización sindical observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la “libertad”, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad», agregó.
El sindicato conducido por Sonia Alesso explicó que también rechaza la iniciativa oficial “por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social”. “Además -planteó el sindicato-, introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la educación en los propios hogares (homeschooling)”.
“Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”, dijo la CTERA, que integra la CTA de los Trabajadores.