La tensión política en Honduras vuelve a escalar a las puertas de las elecciones generales. Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria el próximo martes para evaluar la situación y responder a las crecientes señales de inestabilidad institucional.
La petición llegó después de que la propia organización alertara sobre “crecientes riesgos” para la autonomía de los organismos encargados de administrar los comicios del 30 de noviembre.
Los cinco países afirmaron que las advertencias públicas de la Secretaría General de la OEA y de su Misión de Observación en Honduras merecen la atención urgente del Consejo Permanente.
La misión ha detectado retrasos en la preparación electoral y un deterioro en las condiciones que garantizan la independencia de los órganos encargados de arbitrar la votación. En un sistema frágil, cualquier indicio de presión política o judicial se convierte en un foco inmediato de inestabilidad.
La figura que ha encendido la alarma internacional es el fiscal general, Johel Zelaya, quien solicitó un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y contra una de las tres consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusada por la Fiscalía de conspirar contra el proceso.
La actuación del Ministerio Público, en un contexto donde sectores opositores lo señalan de responder al oficialismo —el Partido Libertad y Refundación (Libre)—, agrava la sospecha de intervención directa en organismos concebidos para ser neutrales.
Las diferencias internas entre el CNE y el TJE, ambos fundamentales para garantizar el conteo, la certificación de resultados y la resolución de disputas, han aflorado con intensidad. Las pugnas no son nuevas en la política hondureña, pero esta vez se desarrollan en la recta final de unas elecciones cargadas de incertidumbre.
Los choques entre magistrados y consejeros, con reproches cruzados de parcialidad y presiones, dibujan un escenario en el que las decisiones técnicas pueden adquirir un sesgo político.
A esto se suma un clima institucional que arrastra años de desgaste. Desde las elecciones de 2017, cuestionadas por observadores internacionales debido a irregularidades y a un apagón informático en pleno conteo, la confianza pública en el sistema electoral hondureño no ha logrado recuperarse. La reforma posterior creó nuevos órganos para intentar dotar de mayor independencia el arbitraje electoral, pero las disputas actuales revelan sus límites.
La Misión de Observación de la OEA ya había advertido en comunicados previos de los riesgos de judicializar las disputas internas entre magistrados, un fenómeno que puede derivar en una parálisis operativa en el momento más delicado del calendario.
Con plazos que ya se han ido estrechando, los retrasos en logística, capacitación y distribución de material electoral preocupan tanto como las tensiones políticas.
La Fiscalía, además, ha llegado a amenazar con cárcel a los funcionarios señalados, un gesto que en un proceso electoral consolidado sería impensable.
En su solicitud, los cinco países reiteraron su compromiso con la defensa de las normas democráticas. Señalaron que el objetivo último es garantizar que la población hondureña pueda votar con libertad, seguridad y en la fecha prevista. También pidieron al Gobierno que permita una presentación formal del CNE y del TJE ante la OEA, una manera de forzar transparencia en un momento crítico.
El llamado diplomático se complementa con una exhortación directa al Ejecutivo hondureño: actuar “escrupulosa y fielmente” dentro del marco constitucional.
A menos de dos semanas de la votación, la atención internacional se concentra en Tegucigalpa. El país se juega más que una elección: se juega la credibilidad de un sistema que lleva años al borde del colapso y que enfrenta, nuevamente, el desafío de demostrar que puede sostener una competencia democrática sin interferencias ni amenazas.