El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, clausuró este jueves el Ministerio de Justicia, en medio de la tormenta política que desató la destitución de su titular, Freddy Vidovic, por una condena penal que no figuraba en los registros oficiales y que el Gobierno considera incompatible con el cargo. La decisión, anunciada en una conferencia de prensa en La Paz, supone el primer golpe de gran alcance institucional del mandatario, apenas días después de asumir el poder.
Horas antes, Paz había firmado el decreto que removía a Vidovic, nombrado ministro el 9 de noviembre, apenas un día después de la toma de posesión del nuevo Gobierno. El abogado solo estuvo alrededor de una docena de días en el puesto, hasta que el Ministerio de Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia confirmaron que tenía una sentencia ejecutoriada de tres años de prisión, dictada en 2015, que por ley lo inhabilita para ejercer cargos públicos.
La condena contra Vidovic está ligada al caso de Martín Belaúnde Lossio, empresario peruano y ex asesor del expresidente Ollanta Humala, investigado por corrupción en su país. Durante el periodo en que Belaúnde estuvo detenido en Bolivia, a la espera de su extradición a Lima, Vidovic actuó como uno de sus abogados y fue procesado por delitos como favorecimiento a la evasión y cohecho activo.
La sentencia, según explicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue resultado de un procedimiento abreviado y se considera “debidamente ejecutoriada”. Su ausencia en el Registro Judicial de Antecedentes Penales obedecería a la omisión de un juez, no a la inexistencia del fallo. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que, a la luz de esa documentación, Vidovic “no puede ejercer cargo público”, y el Ejecutivo dio por inválida su permanencia en el gabinete.
Vidovic rechaza la acusación de fondo y se declara víctima de persecución judicial durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). A través de comunicados y entrevistas recientes, afirmó que la condena está “viciada de nulidad”, que fue presionado para acogerse al proceso abreviado y que presentará un recurso extraordinario de revisión. También dijo que respeta la decisión del presidente, aunque la considere injusta.
En ese contexto, Paz decidió ir más allá de la simple destitución. “Se acabó el ministerio de la persecución, el ministerio de la injusticia, de vender sentencias”, declaró, al anunciar el cierre del despacho. Añadió que “el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien […] para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas”.
Antes de anunciar la clausura del ministerio, Paz había designado mediante decreto a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia, con un acto de posesión convocado en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, el evento fue suspendido y la invitación oficial retirada de los canales institucionales, en medio de nuevas denuncias.
Edmand Lara dijo que respeta la decisión del presidente, pero advierte que García tiene “un rosario de procesos” abiertos, la mayoría en La Paz. Esas palabras bastaron para dinamitar la juramentación de la nueva autoridad y añadir otra capa de conflicto político al cierre del ministerio.
García respondió anunciando que iniciará acciones penales contra el vicepresidente Edmand Lara por difamación, después de que este afirmara públicamente que el designado ministro tenía “varios procesos” abiertos. García negó que existan causas que lo inhabiliten y sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento. Hasta el momento, el Gobierno no ha precisado qué funciones asumirá tras el cierre del Ministerio de Justicia para el que había sido nombrado.