La remodelación institucional emprendida por el Gobierno de Rodrigo Paz dio este martes un nuevo paso con la creación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, una cartera que unifica competencias dispersas durante la administración anterior y que apunta a dos frentes estratégicos para Bolivia: la industrialización y la seguridad alimentaria. El Ejecutivo sostiene que esta reorganización permitirá articular políticas más coherentes ante los desafíos climáticos, económicos y sociales que atraviesa el país.
El nuevo ministerio nace del Decreto Supremo 5488 y absorbe funciones antes ejercidas por los desaparecidos ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierras, estructuras clave durante el mandato de Luis Arce (2020-2025). En la práctica, el Gobierno opta por concentrar responsabilidades que van desde el apoyo a la manufactura y la agroindustria hasta la gestión del agua, un recurso cada vez más crítico en un país golpeado en los últimos años por sequías graves y una creciente presión sobre los sistemas de riego y abastecimiento urbano.
Paz aún debe designar al ministro y a los viceministros que encabezarán la nueva cartera, cuyo diseño interno ya está definido: cinco viceministerios que abarcan microempresa, políticas de industrialización, comercio interno, desarrollo agropecuario y gestión hídrica. Esa estructura, según el Ejecutivo, permitirá integrar eslabones productivos que hasta ahora operaban con escasa coordinación interministerial.
La industrialización figura como uno de los pilares centrales del decreto. El nuevo ministerio deberá “proponer políticas dirigidas a promover la industrialización del sector manufacturero en todo el territorio nacional”, una meta que remite a debates de larga data en Bolivia sobre cómo reducir la dependencia de las materias primas y diversificar la economía. El país ha avanzado en proyectos como la industrialización del litio, pero organismos internacionales como la CEPAL han advertido reiteradamente que la transformación productiva boliviana sigue siendo limitada en comparación con otras economías de la región.
El otro eje es el agua. El decreto instruye a la nueva cartera a establecer mecanismos para la conservación y el aprovechamiento sustentable del recurso, además de reforzar políticas de prevención frente a la contaminación hídrica y a sustancias peligrosas. La presión climática ha convertido ese desafío en urgente: en 2023 y 2024, varias regiones —incluida La Paz— enfrentaron racionamientos, represas por debajo de su capacidad y tensiones entre el uso agrícola y el consumo urbano. Expertos en gestión hídrica, como los del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, han alertado sobre la vulnerabilidad del país ante eventos climáticos extremos y la necesidad de fortalecer la planificación estatal.
El Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral tendrá un papel clave en el delicado equilibrio entre productividad y sostenibilidad. Su mandato incluye promover un desarrollo agropecuario “integral y sustentable con énfasis en la seguridad alimentaria con soberanía”, integrando saberes ancestrales, tecnologías modernas y la articulación entre unidades productivas rurales y la agroindustria. Bolivia enfrenta desde hace años tensiones entre modelos agrícolas: por un lado, productores que defienden la expansión de la frontera agrícola y el uso de biotecnología; por otro, comunidades que alertan sobre impactos ambientales y pérdida de biodiversidad. El Gobierno sostiene que esta nueva arquitectura institucional permitirá ordenar esas demandas.
El Ejecutivo espera también mejorar la logística y el comercio interno, dos factores sensibles en un país donde los bloqueos recurrentes, los costos de transporte y la informalidad afectan la competitividad. El Viceministerio de Comercio y Logística Interna tendrá la tarea de acompañar a productores pequeños y medianos en la inserción de sus mercancías en los mercados nacionales, un objetivo que no ha sido fácil de cumplir en administraciones anteriores.
La reestructuración del aparato estatal no se limita al área productiva. Este lunes, Paz posesionó a Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla como nuevo ministro de Minería y Metalurgia, un sector que sigue siendo uno de los motores fiscales del país. El presidente le encargó impulsar una nueva ley minera en un momento en que Bolivia enfrenta una caída en la producción de minerales tradicionales, presiones de cooperativistas y la necesidad de modernizar un sector que aporta alrededor del 7% del PIB, según datos oficiales y del Banco Mundial.
La reorganización institucional de Paz se produce en un contexto de expectativas económicas moderadas. El Fondo Monetario Internacional proyectó para Bolivia un crecimiento inferior al promedio regional en 2024 y 2025, presionado por la caída del gas —históricamente su principal fuente de ingresos— y por un mercado interno debilitado. El Gobierno apuesta a que la industrialización, la agricultura tecnificada y una gestión hídrica más ordenada puedan convertirse en nuevos pilares de estabilidad.