La crisis institucional que atraviesa Bolivia vuelve a estar en el centro del debate por diversas manifestaciones contra la polémica extensión del mandato de siete magistrados del Órgano Judicial.
Este lunes, los jueces electos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicaron un video en el que exigen la salida de los miembros que no fueron elegidos en las últimas elecciones y los denuncian por “abusos y anomalías” para intentar controlar el tribunal y permanecer en funciones.
“Todos estos abusos y anomalías tienen un solo fin: la permanencia para ejercer el dominio tanto de la Sala Plena como de la Comisión de Admisión”, manifestó Paola Prudencio, jueza del TCP en el video, y agregó que los magistrados “autoprorrogados” han frenado de manera sistemática las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional para cesarlos de los cargos a través de una ley.
Se trata del tercer pronunciamiento institucional de las últimas semanas. El viernes, en un encuentro del Órgano Judicial con el presidente Rodrigo Paz, al que no asistieron los jueces sin mandato vigente, concluyó con el pedido unánime de una de las mesas de trabajo de suspender a los magistrados que no fueron electos en la última elección.
Anteriormente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, también había cuestionado la extensión del mandato de los jueces del Constitucional contra quienes presentó una denuncia penal por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Sin embargo, no incluyó a sus dos colegas en el Judicial.
Tras la presentación del recurso, uno de los magistrados aludidos, Gonzalo Hurtado, leyó un comunicado institucional en defensa de la independencia judicial y acusó al TSJ de actuar bajo presiones políticas.
Dos jueces del TSJ y cinco del TCP continúan ejerciendo funciones pese a que sus cargos cesaron el 31 de diciembre de 2023. En 2024, debido al retraso en las elecciones judiciales, se aprobó una “autoprórroga” para todas las autoridades de la Justicia hasta el inicio de esta gestión, cuando los electos en la votación de diciembre de 2024 asumieron su mandato.
Sin embargo, a pocos días de la elección judicial, los magistrados del Constitucional anularon parcialmente la convocatoria en algunas regiones del país, con lo que evitaron que siete fueran relevados. Lo para los jueces autoprorrogados es una salida necesaria ante la falta de renovación judicial que ellos mismos generaron, para otros sectores constituye un quiebre democrático y exigen el fin de la autoprórroga.
Para el periodista y analista político Andrés Gómez Vela, “lo único que corresponde es desalojo institucional y proceso penal ordinario” porque los siete magistrados son “en estricto sentido jurídico, usurpadores de funciones”.
“Los autoprorrogados son usurpadores. Son ilegales. El Congreso debe emitir una declaración inequívoca: no tienen mandato, no son magistrados y deben abandonar el cargo”, escribió en una columna de opinión el domingo.
Los cinco prorrogados del TCP son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navía, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Isidora Jiménez Castro . En tanto, los que ocupan el cargo el TSJ sin haber sido electos en la última votación son: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez.
La permanencia de estos magistrados en el cargo se ha convertido en un factor central dentro del debate sobre la reforma judicial en Bolivia. Resolver esta situación es visto por diversos actores como el punto de partida indispensable para ordenar el funcionamiento del sistema de justicia que el país demanda con urgencia.