El Gobierno nacional dispuso una reconfiguración profunda del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y eliminó atribuciones históricas que le permitían intervenir en la actividad económica del sector.
La medida limitó el rol del organismo a tareas vinculadas con la promoción y el control de calidad, mientras redujo a cero su capacidad de influir en los valores de mercado o en la relación entre la oferta y la demanda dentro de la cadena productiva.
Con esta decisión, la administración nacional definió un nuevo esquema de funcionamiento para una institución que durante años ejerció facultades directas sobre la formación del precio que se pagaba a los productores.
Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 812/2025, a través del cual modificó el Decreto Reglamentario 1.240/2002 del INYM. La medida introdujo cambios directos en las atribuciones del organismo y se apoyó en los lineamientos que el Poder Ejecutivo impulsó a partir del DNU 70/2023, orientados a la desregulación y a la eliminación de facultades que el Estado ejerció durante años sobre distintos sectores productivos.
Con esta decisión, la administración nacional planteó un nuevo esquema para la actividad yerbatera, en el que el Instituto enfoca sus tareas en verificaciones de calidad y deja de intervenir en aspectos vinculados a la fijación de precios, a la dinámica de mercado o a la competencia entre actores privados.
El decreto recordó que la Ley 25.564 creó al INYM como un ente de derecho público no estatal con alcance en todo el territorio del país. En ese marco, el organismo nació con objetivos relacionados con la promoción y el fortalecimiento de la producción, la elaboración, la industrialización, la comercialización y el consumo de yerba mate y sus derivados. A lo largo de los años, el Decreto 1.240/2002 reglamentó esas funciones y delineó la estructura de intervención institucional dentro de la cadena.
El Poder Ejecutivo señaló que uno de los principales objetivos actuales consiste en alcanzar una administración pública centrada en la eficiencia, la eficacia y la calidad, con la intención de responder con mayor rapidez a las demandas sociales. Bajo ese criterio, la modificación del marco regulatorio del INYM apuntó a limitar cualquier tipo de injerencia que pudiera interferir en un mercado competitivo. El texto oficial sostuvo que la modernización del Instituto exige un enfoque acotado a las verificaciones de calidad, evitando intervenciones que generen distorsiones en los precios o que afecten la libre interacción entre oferta y demanda.
El artículo 1 del decreto reemplazó el artículo 8 del Decreto 1.240. Desde ese cambio, el INYM no puede dictar normas ni establecer intervenciones que produzcan distorsiones en los precios de mercado, que generen barreras de entrada, que impidan la libre iniciativa privada o que interfieran en la interacción entre oferta y demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y sus derivados.
Tiempo de adecuación
En tanto, el artículo 2 instruyó al Instituto a relevar y adecuar, en un plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigencia del decreto, toda la normativa interna que contradiga las nuevas disposiciones. La orden abarca reglas y resoluciones que el organismo emitió a lo largo de su trayectoria y que, según el criterio oficial, deben actualizarse para alinearse con las pautas de defensa de la competencia y desregulación. El mandato exige una revisión completa del marco normativo institucional.
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía aclaró que el Instituto continuará a cargo de la promoción y el control de calidad de los procesos, pero ya no intervendrá en la determinación del valor pagado en la fase primaria de la cadena.
La cartera señaló además que la eliminación de normas consideradas contrarias a la defensa de la competencia forma parte del criterio general adoptado por el Poder Ejecutivo. En ese esquema, las modificaciones se organizaron en tres ejes: la derogación de facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado y la adecuación normativa del Instituto.
La Secretaría describió que la medida elimina herramientas que el organismo empleó durante años para fijar el valor de la hoja verde y de la yerba mate canchada. Ese mecanismo formaba parte del funcionamiento tradicional del INYM, ya que establecía precios de referencia para la actividad productiva. Con la modificación, ese rol queda sin efecto, en línea con el nuevo enfoque centrado en la competencia y en la libre iniciativa privada.
El comunicado también destacó la orden de revisar y adecuar la normativa interna. Ese proceso implica que el Instituto deberá examinar resoluciones, disposiciones y reglas que emitió a lo largo de su existencia para garantizar que ninguna contradiga las nuevas pautas. De este modo, el Gobierno busca un alineamiento institucional integral.