En Argentina, la presión fiscal suele considerarse un dato objetivo para comparar la carga tributaria con la de otros países. Sin embargo, este indicador, que mide la proporción entre la recaudación impositiva y el producto bruto interno, no refleja el verdadero peso que soportan los contribuyentes argentinos. Aunque la presión fiscal local se sitúa por debajo de la de Brasil o Alemania, la experiencia de quienes pagan impuestos en Argentina resulta mucho más gravosa, debido a factores que trascienden el simple porcentaje de recaudación.
La interpretación tradicional de la presión fiscal omite elementos fundamentales para comprender el impacto real de los impuestos sobre la vida cotidiana. Comparar la presión fiscal entre países sin considerar el producto per cápita o el nivel de vida es tan incompleto como juzgar el peso de una persona sin saber su altura.
Por ejemplo, Alemania puede sostener una presión fiscal del 42% al 44%, mientras que en Argentina ronda el 30%. Sin embargo, los alemanes no solo toleran esa carga, sino que mantienen un alto nivel de bienestar: pueden acceder a una segunda vivienda, tener varios automóviles y costear la educación universitaria, todo ello en un contexto de baja pobreza. En contraste, en Argentina, a pesar de una presión fiscal menor, la calidad de vida de los contribuyentes se ve severamente limitada.
Para entender esta diferencia, resulta clave el concepto de esfuerzo fiscal, desarrollado por los economistas Frank y Burt. Este índice incorpora variables como el producto interno bruto per cápita y la cantidad de población, permitiendo medir cuánto sacrificio implica realmente el pago de impuestos para los ciudadanos. El esfuerzo fiscal revela que Argentina se encuentra entre los países más desfavorables para vivir desde el punto de vista tributario.
Mientras en Alemania la presión fiscal podría elevarse por encima del 60% para equiparar el esfuerzo que realiza un argentino, en Argentina la presión debería reducirse a cerca del 16% o 17% para que sus contribuyentes experimenten el mismo alivio que los alemanes tras cumplir con sus obligaciones fiscales.
La seguridad jurídica emerge como un factor aún más determinante que la carga tributaria para la calidad de vida de los habitantes. En países europeos, donde los impuestos son altos pero las reglas son claras y estables, la población acepta la presión fiscal porque confía en el sistema y en la protección de sus derechos. Por el contrario, en naciones donde la seguridad jurídica es baja o inexistente, la carga impositiva se vuelve insoportable, independientemente de su magnitud.
A partir de la combinación entre nivel de impuestos y seguridad jurídica, es posible clasificar a los países en cuatro grandes grupos. El primero lo integran aquellos con impuestos elevados y alta seguridad jurídica, como la mayoría de los países europeos, donde la institucionalidad compensa la carga tributaria.
El segundo grupo corresponde a jurisdicciones con baja tributación y alta seguridad jurídica, es decir, los denominados paraísos fiscales u offshore, que también ofrecen condiciones favorables para sus residentes.
El tercer tipo lo constituyen los llamados infiernos tributarios, donde los impuestos son altos y la seguridad jurídica es deficiente o nula; Argentina, Venezuela, Rusia y Bielorrusia figuran en esta categoría, junto a más de una decena de países. Finalmente, existen los estados fallidos, que aplican impuestos bajos pero tampoco garantizan seguridad jurídica, lo que los convierte en entornos poco atractivos para vivir o invertir.
En este contexto, los paraísos fiscales cumplen una función legítima y necesaria. Contrario a los mitos que los asocian con la evasión, el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, estas jurisdicciones existen porque hay países donde la presión y el esfuerzo fiscal, sumados a la inseguridad jurídica, empujan a las personas a buscar alternativas para proteger su patrimonio, planificar su sucesión o acceder a mayor privacidad.
La evidencia muestra que la evasión y el lavado de dinero se producen principalmente en países con altos impuestos y baja institucionalidad, no en aquellos con baja tributación y reglas claras. Además, las sanciones por financiamiento del terrorismo han recaído mayoritariamente sobre bancos y entidades domésticas, no sobre instituciones offshore.
La experiencia fiscal argentina resulta especialmente onerosa porque combina una presión impositiva significativa con un esfuerzo fiscal desproporcionado y una marcada ausencia de seguridad jurídica. Para que los contribuyentes locales puedan disfrutar de un bienestar similar al de los países desarrollados, no basta con ajustar los porcentajes: sería necesario reducir la carga tributaria a la mitad y fortalecer la institucionalidad, de modo que el pago de impuestos deje de ser una carga asfixiante y se convierta en un aporte sostenible al desarrollo del país.