Este domingo, los ecuatorianos acuden a las urnas para votar en un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de modificar el marco político y constitucional del país.
Entre los cambios propuestos se destaca la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en territorio nacional, una medida planteada en un contexto de crisis de seguridad que ha convertido a Ecuador en el país más violento de la región.
Están convocados a votar casi 14 millones de personas, el voto es obligatorio para mayores de 18 y menores de 65 años en las 24 provincias. En la papeleta figuran cuatro preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular, todas de carácter vinculante en caso de aprobarse.
Noboa se mostró “optimista” respecto al desenlace, aunque desde la oposición se acusa al gobierno de emplear recursos millonarios en un proceso que consideran una “distracción” y el cual no lleva a soluciones concretas.
Al frente de la campaña por el “Sí” se encuentra el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), junto a diversas organizaciones sociales y sindicales, rechazan el paquete de reformas.
La coyuntura electoral coincide con un auge inédito de la violencia, atribuida al ascenso del narcotráfico y las bandas criminales. Desde la declaración de conflicto armado interno, las bandas fueron catalogadas como grupos terroristas, pero la persistencia de homicidios hace de 2025 el año más violento en la historia del país, según datos oficiales.
La primera pregunta pide a la ciudadanía decidir si elimina la prohibición constitucional sobre instalaciones militares extranjeras y la cesión de bases ecuatorianas a fuerzas internacionales. En el anexo, se justifica la reforma como medida ante la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado.
“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?“.
De aprobarse, el gobierno abriría la puerta al despliegue de tropas extranjeras—Estados Unidos prevé instalar bases en Manta y Salinas—, aunque también existen conversaciones avanzadas con Brasil para la cooperación en seguridad. Las visitas recientes de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, a ambos emplazamientos ilustran esa apuesta. Manta, en particular, ya fue sede de una base estadounidense entre 1999 y 2009, antes de quedar prohibidas por ley en 2008.
Los sectores opositores al gobierno de Noboa advierten que la medida afecta la soberanía nacional y prioriza intereses externos sin atacar el origen de la violencia.
En el ámbito político, la segunda pregunta propone eliminar la obligación estatal de financiar a las organizaciones políticas, debiendo éstas sostenerse mediante aportes de afiliados y simpatizantes.
“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?“.
La tercera pregunta sugiere reducir el número de asambleístas, estableciendo criterios estrictos de representación provincial y nacional. Esto implicaría una concentración del poder y una gama más reducida de voces en el Legislativo.
“¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se les elija de acuerdo con los siguientes criterios: diez asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?“.
La consulta popular —o cuarta pregunta— plantea la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, que sólo entraría en vigor si es aprobada en un posterior referéndum. De aceptarse, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá organizar primero la elección de representantes constituyentes y finalmente someter el texto final a la votación ciudadana.
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?“.
El resultado de la jornada servirá como termómetro político para el gobierno de Noboa y para el debate sobre el legado correísta, ya que varias de las propuestas buscan revisar o revertir políticas impulsadas por el ex presidente ecuatoriano.
Desde la transición democrática iniciada en 1978, ésta será la decimoquinta consulta nacional en Ecuador; el propio Correa recurrió varias veces a este mecanismo. Para Noboa, se trata del segundo proceso consultivo en su mandato, tras la serie de preguntas sobre seguridad y reformas institucionales realizada en abril de 2024, donde el “sí” se impuso en nueve de once puntos.
(Con información de Europa Press)