El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha promulgado este jueves una reforma constitucional que otorga inmunidad permanente tanto a él como al actual jefe del Ejército, y restringe las competencias del Tribunal Supremo, según informó la cadena estatal PTV. El proyecto de ley, que ya había recibido la aprobación de ambas cámaras del Parlamento, fue sancionado a pesar del boicot de la oposición.
La firma de Zardari se produjo pocas horas después de que el Senado aprobara la enmienda en segunda votación con 64 votos a favor y cuatro en contra, en un ambiente marcado por protestas y consignas como “inaceptable destrucción de la Constitución”. Los miembros de la oposición abandonaron la sesión en señal de rechazo.
El lunes, la iniciativa se sometió a votación en el Senado y, posteriormente, fue enviada el miércoles a la Asamblea Nacional, donde obtuvo 234 votos a favor y cuatro en contra, en una sesión que contó con la presencia del primer ministro, Shehbaz Sharif. No obstante, el texto sufrió modificaciones que obligaron a una nueva revisión en la Cámara Alta para su aprobación definitiva.
En su discurso ante la Asamblea Nacional, Sharif manifestó que la cámara ha demostrado una “notable unidad” en esta ocasión, asegurando que se han llevado amplias consultas sobre esta enmienda, según recogió la cadena de televisión Geo TV.
Entre los cambios introducidos, la nueva cláusula constitucional asegura inmunidad permanente al presidente frente a cualquier proceso penal, extensión que también beneficia al jefe del Ejército, Asim Munir. Además, la reforma amplía los poderes de Munir, quien ascenderá al cargo de jefe de las Fuerzas de Defensa, asumiendo el mando unificado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También se estableció en cinco años la duración del mandato del jefe del Ejército a partir de su nombramiento como líder de las Fuerzas de Defensa.
La misma enmienda establece la creación del Tribunal Constitucional Federal, al que le corresponderá investigar los asuntos constitucionales, función que hasta ahora recaía en el Tribunal Supremo. Los jueces de este nuevo órgano serán nombrados por el Ejecutivo. En los últimos años, el alto tribunal había bloqueado políticas gubernamentales y destituido a varios primeros ministros.
Críticos de la reforma consideran que estas modificaciones buscan consolidar el control del régimen militar y desplazar al país hacia el autoritarismo, debilitando la independencia judicial. En este contexto, el futuro político de Pakistán queda marcado por la incertidumbre, mientras crecen las preocupaciones sobre el fortalecimiento del poder militar y el debilitamiento de los contrapesos democráticos en el país.
(Con información de Europa Press)