La Fiscalía de Bolivia informó este miércoles que se emitió una alerta migratoria contra el ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios investigados por presunta corrupción y daños económicos al Estado.
Según el fiscal anticorrupción que investiga el caso, Omar Yujra, la medida busca garantizar la presencia de los investigados en el país mientras dure el proceso. Dorgathen está acusado por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.
El caso que se investiga tiene que ver con la firma Botrading, una empresa subsidiaria que fue creada como intermediaria para la comercialización internacional de diésel y gasolina para no depender de traders privados. Tiene sede en Paraguay y uno de sus clientes es el Estado boliviano a través de YPFB.
Según el informe de una comisión de diputados que investigó el caso en la anterior legislatura, existen indicios de que la estatal petrolera adjudicó al menos 12 contratos con sobreprecio, pagos por suministros sin respaldo en contratos vigentes y pagos con exceso en el monto máximo establecido en algunos procesos de contratación.
El documento señala que se estima un daño económico al Estado de aproximadamente 56 millones de dólares durante dos gestiones. En base a ese informe, el nuevo gobierno – presidido por Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC), determinó el cierre de Botrading. “No va más”, afirmó el nuevo ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli.
En una entrevista anterior con el periódico La Razón, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, rechazó las conclusiones del informe legislativo y explicó que Botrading fue creada para agilizar el proceso y abaratar los costos de importación. Dorgathen señaló que la subsidiaria se abrió en Paraguay por un tema impositivo y legal, y que era necesario tenerla porque YPFB, por su carga normativa, no puede hacer la importación directa de carburantes.
El ex presidente de la petrolera también aclaró que Botrading generó 30 millones de dólares además de reducir los costos de la logística de importación para YPFB, y anunció que solicitará una auditoría internacional porque considera que la investigación local tiene motivaciones políticas.
El caso cobra relevancia por los periodos de desabastecimiento de diésel y gasolina que atraviesa Bolivia desde hace al menos dos años, debido principalmente a la dependencia de las importaciones en un contexto de crisis económica y falta de dólares.
El país importa el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que requiere para cubrir la demanda interna y además lo vende a un precio menor al real por su política de subsidios. Hasta octubre, el Banco Central de Bolivia (BCB) desembolsó 1.380 millones de dólares para pagar combustibles, según un boletín oficial.
En la semana previa a iniciar funciones, el nuevo gobierno hizo gestiones con otros países para garantizar el abastecimiento desde el inicio de su mandato. “Hemos conseguido los recursos gracias a países que nos han ayudado, hay que decirlo. Los americanos nos han dado una mano, al igual que instituciones multilaterales que están generando la garantía para que haya dólares en Bolivia: la CAF, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario”, declaró Paz en contacto con el canal estatal el pasado domingo.
Mientras se regulariza el suministro, se debaten políticas estructurales para resolver de manera sostenida la crisis de desabastecimiento, como liberar la subvención estatal de los carburantes e incrementar la producción local.