Costa Rica, país que acoge a decenas de miles de nicaragüenses, se ha transformado en el centro de la represión transfronteriza dirigida contra exiliados nicaragüenses, ejecutada por el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según denunció la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más en un informe presentado este lunes.
El documento, titulado «Represión transnacional Nicaragua, más allá de la frontera“, elaborado por la organización y que abarca desde 2018 hasta 2025, señala que los testimonios recabados “demuestran que Costa Rica no solo es el principal país receptor de exiliados nicaragüenses, sino también el territorio donde se concentra la mayor parte de los hechos de persecución transfronteriza”.
Según el abogado y activista del colectivo, Yader Valdivia, “el país se convierte así en una extensión geográfica de la represión política nicaragüense, mediante la infiltración de actores vinculados al régimen, el uso de redes digitales de hostigamiento y la operación de células parapoliciales o individuos que actúan bajo órdenes indirectas del Estado”.
La ONG indicó que sistematizó 199 casos concretos de personas que sufrieron hechos que configuran actos de represión transnacional, dentro de un universo de 1.446 casos de violaciones a los derechos humanos documentados entre 2019 y 2025.
El informe sostiene que el exilio no pone fin a la persecución política, sino que abre paso a nuevas formas de violencia transnacional.
Entre las amenazas anotadas figuran ataques físicos selectivos, vigilancia y hostigamiento a familiares, prácticas que reproducen métodos de persecución en un nuevo territorio.
De acuerdo con el colectivo, el régimen de Ortega y Murillo recurre al miedo como mecanismo de control y recurre no solo a amenazas o ataques directos, sino también a mensajes simbólicos, como fotografías de balas, publicaciones con información sobre la ubicación de la víctima, llamadas de advertencia desde números desconocidos, y comentarios públicos sobre la presencia de infiltrados en actividades de exiliados.
A raíz de este contexto, numerosos exiliados han dejado de participar en actividades políticas o públicas en Costa Rica, han limitado su presencia en redes sociales o deciden no denunciar hechos de violencia para evitar mayores riesgos, expone el informe.
El reporte concluye que “las acciones repetidas, dirigidas y coordinadas contra personas exiliadas constituyen una política de Estado que excede la figura de persecución física y se proyecta en formas psicológicas, digitales, simbólicas y documentales”.
Asimismo, advierte que la ausencia de investigación y sanción adecuada en los países de acogida facilita la expansión de la represión fuera de Nicaragua.
El documento subraya que las personas desplazadas no solo sufren violaciones de derechos humanos en su país natal, sino que permanecen como objetivos de violencia activa.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se profundizó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, donde Ortega, próximo a cumplir 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Dichos comicios se celebraron mientras los principales opositores permanecían en prisión, fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, al ser señalados por el régimen de “golpistas” y “traición a la patria”.