El fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), alertó hoy que el sistema de justicia en el país se encamina a una situación de “verdadera emergencia” por la falta de nombramientos de jueces. En esta línea, aseguró que “hay falta de voluntad política” para revertir este cuadro y puso como ejemplo el inicio del juicio por los cuadernos de la corrupción contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados: “Tardó seis años en empezar, y se hará una audiencia por semana porque no hay jueces; cuando termine, la mitad de los testigos van a estar muertos”.
El funcionario judicial participó de un seminario internacional sobre los desafíos judiciales para combatir la corrupción en Venezuela y en la región, que se realizó en la Universidad de Palermo, organizado por Transparencia Venezuela, capítulo regional de Transparencia Internacional; la ONG argentina Poder Ciudadano; el National Center of State Courts y la Fundación para el Debido Proceso.
Denominado “Contrarestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, este encuentro comenzó, ayer, con las ponencias de funcionarios y expertos de América Latina, quienes analizaron cómo la narcodictadura de Venezuela se convirtió en las últimas décadas en foco de crimen organizado y corrupción transnacional, así como también el impacto en la región y en Europa, tanto en materia de inseguridad como en negocios ilícitos entre gobiernos afines.
Luego de las palabras de apertura de Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de TI Venezuela, el fiscal Rodríguez disertó en el panel “Procesos complejos y sus denuncias en el mundo”. “Siempre es muy difícil investigar grandes hechos de corrupción, en Venezuela, en Portugal, en Argentina y en todas partes del mundo. Porque investigar hechos de gran corrupción significa investigar al poder, al verdadero poder, que generalmente es el poder económico y no hay otra forma de investigar o de llegar a buen puerto en estas investigaciones si no contamos con independencia y autonomía por parte de las agencias que se dedican a la persecución penal, sean fiscales o jueces. Y tampoco si no hay una verdadera voluntad política de fomentar y procurar la investigación de estos hechos”, afirmó.
A su vez, manifestó su preocupación por el alto nivel de vacancia en los tribunales argentinos. “Respecto de la voluntad política que es necesaria para investigar estos hechos de corrupción, creo que no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países de la región, es un atributo que escasea, y no en un determinado gobierno, sino, generalmente en la mayoría de ellos. En la Argentina, por ejemplo, en este momento tenemos aproximadamente el 40% de los cargos de jueces y fiscales federales o nacionales vacantes. Esto significa que estamos próximos a lo que yo llamo una denegación de justicia, porque los procesos se atrasan”, sostuvo.
Sobre el juicio de los cuadernos de la corrupción, que comenzó este jueves, el fiscal Rodríguez señaló: “Este proceso se elevó al tribunal hace seis años, ¡Hace seis años!, y recién hoy se inicia, y se realiza una audiencia por semana. ¿Por qué? Porque no hay jueces (…). Con una audiencia por semana, cuando se finalice el juicio, la mayoría de los imputados y de los testigos van a estar muertos“. Y completó: “El tema este de las vacancias puede ser un poco voluntad política de no cubrir las vacantes”.
Además, puso también de ejemplo la falta de implementación en todo el país del nuevo sistema acusatorio procesal. “Se sancionó en la Argentina en diciembre del año 2014, hace 11 años, y hoy todavía no está vigente en todo el país. Es más, no está vigente en el principal distrito de la Argentina, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto le resta a los procesos rapidez, le resta transparencia”, indicó.
El fiscal, también, se refirió a su actuación en el juicio del caso Odebrecht, lamentó la falta de colaboración del gobierno de Brasil y afirmó: “La gran corrupción no es local, es transnacional. Por lo tanto, si no contamos con un sistema ágil, efectivo, de transmisión de pruebas, de compartir pruebas entre los distintos operadores judiciales, no hay investigación que, que pueda prosperar”.
Además del funcionario judicial argentino, del panel participaron María Eloísa Quintero, jefa del Departamento de investigación y litigio de CICIG; los periodistas Roberto Deniz e Iván Ruíz, y Karina Carvalho, representante de Ethos Gov, Portugal. Deniz se explayó sobre una investigación a raíz de los millonarios movimientos de dinero de la empresa argentina Ex Clé, proveedora del sistema electoral en Venezuela, que activaron las alertas de la UIF en Argentina.
Más temprano se realizó la mesa “Nuevas formas de Lavado de dinero desde el crimen organizado en América Latina”, donde expusieron Milton Alvarado (UIAF de Colombia), Rodrigo Monge (Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica) y Juan Argibay Molina, de la Procelac, que disertó sobre el caso Rosario.
“Una de las cosas más importantes para la transparencia de Venezuela es seguir impulsando la cooperación entre diferentes espacios. Han pasado por aquí fiscales, policías, unidades de inteligencia financiera, procuradores. Hace falta el trabajo conjunto. Solos, independientemente, no se avanza”, finalizó Mercedes de Freitas.