El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió el martes “centrarse en los cabecillas del crimen organizado” tras criticar la operación policial en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos, entre ellos cuatro agentes.
“El Gobierno brasileño trabaja para desarticular la columna vertebral del narcotráfico y el crimen organizado. Esto se logra mediante una mayor labor de Inteligencia, la integración entre las fuerzas de seguridad y un enfoque en los cabecillas del crimen: quienes financian y dirigen las facciones”, afirmó Lula en un mensaje en la red social X.
El mandatario defendió las acciones de su gobierno en materia de seguridad y precisó que, desde 2023, las autoridades confiscaron 19.800 millones de reales a organizaciones criminales, “la mayor pérdida jamás infligida a la delincuencia”, con el objetivo de “debilitar el liderazgo y las redes financieras del crimen organizado”.
Según Lula, los operativos de la Policía Federal aumentaron un 80 por ciento desde 2022, al pasar de 1.875 a 3.393 en 2024. En lo que va de 2025 ya se realizaron 2.922 operaciones. El presidente agregó que en 2024 se decomisaron 850 toneladas de droga, lo que calificó como un “récord histórico”.
Para respaldar estos avances, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley Antipandillas, que endurece las penas y “asfixia financieramente a las bandas criminales”, además de la enmienda de Seguridad Pública, destinada a modernizar e integrar las fuerzas policiales y garantizar recursos permanentes para estados y municipios.
“Estas medidas completan el ciclo de seguridad. Una investigación más eficaz, la integración institucional y un marco jurídico sólido, una combinación que consolida la lucha contra el crimen en Brasil”, concluyó el presidente.
La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río
La Corte Suprema de Brasil ordenó este domingo al Gobierno de Río de Janeiro la “preservación y documentación” de todas las pruebas materiales relacionadas con cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.
En una decisión dictada este domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma “rigurosa e integral” para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.
El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.
El Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.
El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemão, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.
Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121.
El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.
Según las autoridades del estado, la gran mayoría de los muertos tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio y casi la mitad tenía órdenes de captura en su contra.
De las 100 órdenes de captura que justificaron la operación, expedidas por jueces de Río de Janeiro y de otros estados, los 2.500 policías que participaron en la acción tan solo cumplieron 20.
Entre los muertos identificados figuran 40 procedentes de otros estados de Brasil, que la gobernación regional señaló como líderes de grupos armados de otras regiones vinculados al Comando Vermelho y que estaban refugiados en Río de Janeiro.
(Con información de EP y AFP)