La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón alertó este lunes sobre un aumento de detenciones efectuadas por agentes serviles a la dictadura de Nicolás Maduro sin notificación oficial ni acceso inmediato a abogados.
La organización señaló que familiares y defensores desconocen el paradero y la situación jurídica de los arrestados, lo que impide ejercer defensa legal y deja a los detenidos en situación de vulnerabilidad.
Según denunció la ONG a través de X, en la última semana se han registrado numerosos casos en los que el régimen chavista no ha informado sobre las circunstancias de las aprehensiones ni los lugares de reclusión.
JEP enfatizó que se configuró un “patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias”, ya que quienes buscan a los detenidos se encuentran sin respuestas oficiales y sin saber cómo proceder.
Alertó que las situaciones reportadas constituyen “violaciones directas a los derechos fundamentales”, afectando el derecho a la libertad personal, al debido proceso, la integridad física y la tranquilidad familiar.
“Se ha negado el acceso a abogados y representantes de confianza, profundizando un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada por la opacidad estatal”, subrayó el comunicado.
La ONG exigió que el régimen chavista garantice el suministro “inmediato y veraz” de información relativa a la identidad, el paradero y la situación judicial de todos los detenidos, así como rechazar trabas al acceso a la defensa legal y la comunicación con allegados.
La organización recordó que tanto la Constitución venezolana como los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por Venezuela, obligan al respeto de esas garantías.
Como ejemplo de la situación denunciada, JEP y la ONG SurGentes detallaron la detención de cuatro trabajadores audiovisuales el pasado viernes cuando grababan cerca del penal de Tocorón, en el estado Aragua, como parte de un trabajo estudiantil para la Universidad Central de Venezuela.
Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra permanecen incomunicados y sus familias no saben en qué condiciones se encuentran ni dónde están recluidos.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de las garantías procesales y mayor presión sobre periodistas y trabajadores de medios.
El domingo, la familia del periodista Joan Camargo presentó un recurso de habeas corpus ante la justicia para conocer su paradero, tras 84 horas transcurridas desde su desaparición en Caracas.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Camargo fue interceptado por desconocidos que lo obligaron a subir a un vehículo y desde entonces no se ha divulgado ningún dato oficial sobre su detención.
Para la familia y los gremios, el caso de Camargo reviste gravedad adicional porque, según la ley venezolana, cualquier habeas corpus debe resolverse en un máximo de 96 horas.
“Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan”, expresó el SNTP, sumando este caso a una lista de detenciones arbitrarias que ya contabiliza 23 periodistas privados de libertad en el país.
El SNTP y la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) denunciaron que las detenciones de comunicadores suelen ir acompañadas de confiscaciones de equipos y materiales de trabajo, allanamientos sin orden judicial y cargos imprecisos como terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.
El SNTP además indicó que en el operativo contra Camargo no solo fue detenido el periodista, sino que también resultaron afectados sus familiares cercanos.
El clima de opacidad y hostigamiento se refleja en el reciente boletín de Foro Penal, que cifra en 875 el total de presos políticos en el país, incluyendo a opositores, activistas y ciudadanos comunes detenidos bajo acusaciones que ONG e instancias internacionales tildan de arbitrarias o fabricadas.
Mientras crecen los reclamos de observadores internacionales y defensores de derechos humanos, en Venezuela persisten las denuncias de desapariciones forzadas de corta duración y la negativa de la dictadura a garantizar información mínima y acceso a la defensa, profundizando la crisis de confianza y legitimidad sobre el sistema judicial y de seguridad del régimen.
(Con información de EFE)