En otro capitulo del juicio por la expropiación de YPF, Burford Capital solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que mantenga el plazo judicial de hoy, 30 de octubre, para que la Argentina entregue todas las comunicaciones fuera de los canales oficiales, incluidas aquellas realizadas a través de plataformas como WhatsApp.
El pedido se da un día después de la audiencia que las partes tuvieron en la Corte de Apelaciones de Nueva York por la causa “madre”, la sentencia de 2023 por USD 16.000 millones (más de USD 18.000 millones con los intereses que corren a diario) por haber expropiado mal la petrolera en 2012 y de la que Burford es el principal beneficiario.
Si bien tanto el Gobierno como el bufete inglés que compró los derechos para litigar en esta causa, celebraron el proceso de ayer (el Gobierno local aseguró que creen que puede revertir el fallo adverso), el mercado interpretó que los jueces inclinaron la balanza a favor del país y las acciones de Burford se desplomaron hasta 15 por ciento.
“El Estado, si bien es inversionista mayoritario de YPF, tiene vida propia y es un ente totalmente separado del Estado” (Comadira)
Ese fallo de fondo se conocerá el años próximo, pero como las sentencias en EEUU puede ejecutarse mientras corre le apelación, Burford intenta desde el año pasado cobrarla. Para eso interpuso varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego). En es “rama” del caso se dio el pedido de información de funcionarios y ex funcionarios de este gobierno y el anterior, como por ejemplos los dos últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
En una charla exclusiva con Infobae, único medio que cubrió ayer la audiencia en Nueva York, uno de los subprocuradores del Tesoro (PTN), Juan Ignacio Stampalija, le dijo a Román Lejtman, corresponsal de este medio en EEUU, que en la audiencia “quedó claro que son dos entes jurídicos distintos y que no hay el alter ego”.
Julio Comadira, el otro subprocurador, agregó que “el tema quedó muy bien fundado tanto por nosotros como por los abogados de YPF. YPF tiene un 49% de accionistas privados, tiene deuda en otros mercados, muchos fondos de otros países. Esa es la demostración más clara de que el Estado, si bien es inversionista mayoritario de YPF, también comparte este pasivo con los accionistas y que la compañía tiene vida propia y es un ente totalmente separado del Estado”.
Preska exigió que se entreguen antes de fin de mes y Argentina dijo que conseguir esos datos era prácticamente imposible. Con todo, ayer presentó un escrito diciendo que le va a pedir a más de 30 funcionarios y ex funcionarios que cooperen y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles y pidió extender la fecha para entregar esta información al 21 de noviembre. Burford dijo hoy que no, que debe ser ya. Resta esperar la respuesta de la jueza.
Entrega inmediata
En su presentación, Burford pidió que, en caso de que la magistrada considere conceder una prórroga, la fecha límite se fije de manera estricta para el 21 de noviembre, sin posibilidad de nuevas extensiones.
Burford aceptó la extensión sólo si el país se compromete a realizar una entrega completa de las comunicaciones solicitadas y a no demorar más el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Sostuvo también que “cualquier dificultad en cumplir con el plazo de producción del 30 de octubre de 2025, ya sea por el volumen de comunicaciones o por cualquier otra razón, es enteramente responsabilidad de la República”.
Además, el estudio volvió a acusar al país de mantener una estrategia de dilación en todas las etapas del proceso e indicó que, tras enviar el 1 de octubre una lista de términos de búsqueda para identificar comunicaciones relevantes y proponer modificaciones a la lista de custodios, no recibió respuesta. Una carta adicional enviada el 6 de octubre sobre otros asuntos pendientes tampoco habría sido contestada. Burford subrayó que la demora en la entrega de documentos resulta cada vez más perjudicial para los demandantes y expresó preocupación por la preservación efectiva de las comunicaciones fuera de los canales
Si la magistrada decide conceder la prórroga solicitada por el país, la firma pidió que la fecha límite se fije de manera definitiva para el 21 de noviembre y advirtió que, si la República no cumple con las órdenes del tribunal, los demandantes se reservan la posibilidad de solicitar medidas adicionales.