El pasado 20 de octubre, el IBAMA, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, tras años de idas y vueltas, concedió a la petrolera nacional Petrobras la licencia para perforar el primer pozo en aguas profundas, en el llamado margen ecuatorial, a unos 175 km de la costa amazónica de Amapá. La región tiene un equilibrio medioambiental muy delicado, ya que las perforaciones se llevarán a cabo en la cuenca del delta del río Amazonas, uno de los principales motores del pulmón verde llamado Amazonia. Petrobras ha anunciado que, además del pozo “Morpho”, ya en fase de perforación, tiene la intención de solicitar la autorización para otros tres pozos “contingentes”, necesarios para delimitar la posible presencia de reservas de petróleo. La empresa prevé concluir la perforación en un plazo de cinco meses, periodo en el que se recopilarán datos sobre la presencia, la calidad y la extensión de los posibles yacimientos de hidrocarburos.
La decisión del IBAMA ha suscitado fuertes críticas por parte de ecologistas y organizaciones de la sociedad civil, que la consideran un paso atrás en la política medioambiental de Brasil. La paradoja es que la licencia se ha concedido justo antes de la Reunión de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém, cuyos trabajos a la presencia de los principales líderes mundiales desde el 10 y el 21 de noviembre serán precedidos, la próxima semana, por la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP), 10 años después del Acuerdo de París. El evento es desde hace meses la tarjeta de visita del Gobierno de Lula para su agenda verde centrada en la transición energética. Sin embargo, el presidente brasileño ha apoyado desde el principio el proyecto de explotación petrolera en las costas amazónicas y lo defendió también el viernes pasado en una rueda de prensa en Indonesia. “Seguiremos utilizando los fondos del petróleo para que Brasil pueda abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Pero, mientras el mundo lo necesite, Brasil no desperdiciará riquezas que podrían mejorar la vida del pueblo brasileño”, afirmó. Según Lula, el petróleo debe utilizarse para financiar la transición energética de Brasil “porque Petrobras es una empresa que se está transformando gradualmente de una compañía petrolera a una compañía energética”. “Es muy fácil hablar del fin de los combustibles fósiles, pero es difícil decir quién podrá realmente prescindir de ellos. Nadie puede”, concluyó el presidente.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, también se pronunció sobre el tema en los últimos días en una entrevista con el canal gubernamental “Canal Gov”, en la que negó que la decisión del IBAMA se hubiera visto influida por presiones políticas. “La decisión de nuestros funcionarios del IBAMA fue una decisión técnica. Y, si ha habido alguna manifestación política, esta no ha influido en el trabajo de calidad realizado por nuestros técnicos”, declaró. La ministra subrayó que la aprobación de la licencia se produjo solo después de un riguroso análisis y que se impusieron a Petrobras varias condiciones medioambientales y de seguridad. Entre las principales, la creación de una base de emergencia para el rescate de la fauna marina afectada por el petróleo, la denominada “fauna oleada”. “En el proyecto inicial, la base se encontraba en Belém, a 800 kilómetros del punto de perforación. El IBAMA consideró que era inaceptable, porque el tiempo de transporte de los animales habría sido demasiado largo para permitir su supervivencia”, explicó la ministra, añadiendo que Petrobras tuvo que instalar una nueva base de apoyo a unos 160 kilómetros del lugar de perforación. En cuanto a la paradoja de una decisión de este tipo tomada pocos días antes del inicio de la COP30, Silva admitió la contradicción. “Existe una contradicción que la gente plantea, y con razón. Debemos reducir la dependencia de los combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, afirmó. Añadió que la transición energética debe planificarse y ser gradual, para evitar impactos negativos en la economía y el empleo. “No podemos simplemente detenerlo todo de la noche a la mañana”, concluyó.
Las comunidades indígenas de la región y varias asociaciones ecologistas tienen una opinión diferente. La desembocadura del río Amazonas alberga un ecosistema marino de extraordinaria importancia ecológica, con barreras de coral de gran profundidad recientemente descubiertas y una gran variedad de peces y especies marinas amenazadas. Según los expertos, un posible derrame de petróleo en la zona podría comprometer de forma irreversible este delicado equilibrio natural. Según el investigador Gustavo Moura, de la Universidad Federal de Pará, en la región se encuentra “una de las zonas de manglares continuos más extensas del mundo”, un hábitat fundamental para numerosas especies de aves, reptiles, anfibios y peces, además de ser abundante en “carbono azul”, es decir, el carbono absorbido y almacenado por los ecosistemas costeros y marinos, esencial para contrarrestar el calentamiento global. Un posible derrame de petróleo podría causar daños irreparables a la biodiversidad local y afectar a cientos de miles de comunidades locales que dependen de estos ecosistemas para su sustento y seguridad alimentaria. Según Suely Araújo, coordinadora de la organización no gubernamental Observatorio del Clima, la licencia concedida por IBAMA es un “doble sabotaje”, tanto para el planeta como para la conferencia sobre el clima. Para el climatólogo Carlos Nobre, copresidente del Comité Científico para la Amazonia, la región se está acercando a un umbral peligroso. “La Amazonia está muy cerca del punto de no retorno. No hay justificación para nuevas exploraciones petroleras”, afirmó. En cuanto a las comunidades indígenas, se han opuesto desde siempre al proyecto. Tanto la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) como varios líderes locales piden que se realice una consulta previa con los pueblos potencialmente afectados, mientras que Petrobras sostiene que “el momento para tal solicitud ya ha pasado” porque, según la multinacional, la necesidad de la consulta debía definirse al inicio del proceso de licencia ambiental.
Por ello, en los últimos días, nada más conocerse la noticia, la Fiscalía Federal presentó una denuncia ante la Justicia Federal para bloquear la explotación petrolera en la región. La acción solicita que se prohíba la homologación del resultado de la subasta pública de 19 bloques de exploración de petróleo y gas y que se suspendan todos los procedimientos de licencia ambiental relacionados con la zona. Según la denuncia de los fiscales, no es posible formalizar ni el resultado de la subasta ni los posteriores contratos de concesión sin que se realicen primero algunos estudios fundamentales. Se trata de estudios técnicos como el Estudio de Impacto Climático, la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria y los análisis sobre los impactos para las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales. Pero, sobre todo, en la denuncia se exige la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, tal y como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello, se solicita que la zona de la cuenca del Amazonas no se incluya en nuevas subastas hasta que concluya el proceso.
El recurso se produce pocos días después de otra iniciativa judicial. Ocho organizaciones no gubernamentales ecologistas también han presentado una demanda ante la Justicia Federal del estado amazónico de Pará para anular la licencia medioambiental y detener la perforación en el Bloque 59, el mismo en el que Petrobras pretende iniciar las prospecciones. Las organizaciones denuncian la ausencia de consultas con los pueblos indígenas locales y adjuntan a su demanda más de 400 páginas de documentación y testimonios de las comunidades. El Bloque 59 ya había sido subastado por el Gobierno en 2013, pero la solicitud de licencia para las actividades de exploración estuvo a punto de ser archivada en varias ocasiones. En 2023, la división técnica del IBAMA emitió un dictamen negativo sobre la posible licencia, citando los posibles impactos sobre las poblaciones indígenas y el frágil ecosistema costero, y recomendando no seguir adelante. Sin embargo, la decisión no fue aceptada por el entonces presidente del instituto, Rodrigo Agostinho. Posteriormente, Petrobras introdujo modificaciones en el proyecto en respuesta a las demandas medioambientales de la institución.
Para el gobierno y la industria petrolera, la exploración en la desembocadura del río Amazonas representa una nueva frontera exploratoria capaz de garantizar la continuidad de la producción nacional de crudo tras el futuro declive de las reservas del presal, la franja que se extiende 800 kilómetros en el fondo marino entre los estados de Espírito Santo, Santa Catarina y Santos, previsto para principios de la próxima década. El IBAMA y el Ministerio de Medio Ambiente defienden la validez de la licencia, argumentando que es el resultado de un riguroso proceso de análisis, con 34 condiciones medioambientales que deben cumplirse, entre ellas la presentación anual de un informe con “un nuevo modelo para la dispersión de petróleo actualizado para la costa norte de Brasil”.
El principal temor es precisamente un accidente repentino que provoque un derrame de petróleo. A pesar de las garantías políticas, la desconfianza de las comunidades indígenas y los ecologistas no cesa, también debido a la forma en que se han gestionado otras grandes catástrofes medioambientales en Brasil. Por ironía del destino, coincidiendo con la concesión de la licencia por parte del IBAMA, las empresas mineras Vale y Samarco han sido multadas con 1.920 millones de reales (356 millones de dólares) por intentar deducir de sus impuestos los gastos relacionados con las reparaciones medioambientales y las multas asociadas con el desastre de Mariana de 2015, cuando el colapso de la presa de Fundão causó 19 muertos y devastó el valle del Río Doce, en el estado de Minas Gerais. Tanto Vale como Samarco han anunciado su intención de recurrir en apelación. Samarco ha reiterado su compromiso de respetar el Nuevo Acuerdo del Río Doce, mientras que Vale ha sostenido que los gastos relacionados con las indemnizaciones y compensaciones “son obligatorios” y, por lo tanto, deberían ser deducibles fiscalmente. La decisión se produce en el décimo aniversario de la tragedia de Mariana, el próximo 5 de noviembre, el desastre medioambiental más grave de la historia de Brasil.
También la semana pasada, el Tribunal Federal de Belo Horizonte, en Minas Gerais, fijó el calendario de las audiencias relacionadas con el colapso de la presa de la mina Córrego do Feijão, ocurrido en Brumadinho en enero de 2019. El lodo destruyó parte de la ciudad y 272 personas murieron sepultadas. Tras el rechazo de los recursos presentados por los abogados de los 15 acusados para anular el proceso, las audiencias se celebrarán entre febrero de 2026 y mayo de 2027. Según un informe anual de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), actualmente Brasil cuenta con 241 presas consideradas de riesgo para la seguridad, de las cuales 51 están destinadas a la eliminación de residuos mineros. La mayoría de las presas en riesgo, 96, pertenecen a empresas privadas, seguidas de organismos públicos (39) y empresas de capital mixto (10). Además, para 94 presas no existe información sobre quién es el responsable. Muchos analistas esperan que este complejo escenario influya en el éxito de la próxima COP30. Además de la renuncia de muchas delegaciones debido a los elevados precios del alojamiento, según informa el sitio web de noticias económicas InfoMoney, el sector privado también estaría desistiendo y prefiriendo una especie de Pre-COP en San Pablo la próxima semana. En la agenda figuran eventos como la Climate Action Innovation Zone, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre y en la que se presentarán las soluciones e innovaciones de las empresas para la cuestión climática. “Entre los grupos de WhatsApp del mundo empresarial circula el eslogan ‘La COP también está aquí’”, concluye InfoMoney.