El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada del viernes una ley excepcional que autoriza la importación de combustibles por un periodo de tres meses, medida destinada a aliviar la aguda escasez que desde hace semanas provoca largas filas en las estaciones de servicio a lo largo de todo el territorio boliviano. En este nuevo marco legal, se permitirá por primera vez en décadas la participación de operadores privados en la compra internacional de diésel, gasolina y GLP (Gas Licuado de Petróleo), quienes podrán ingresar los productos sin pago de impuestos y bajo supervisión estatal, distribuyéndolos a precio de mercado si el Estado no logra satisfacer el 100% de la demanda.
La decisión responde a una crisis que ha generado serias afectaciones económicas y sociales, reflejada en las colas y el desabastecimiento, así como en una inflación interanual que en septiembre superó el 23%.
Hasta el momento, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había mantenido el monopolio de las importaciones, adquiriendo carburantes a precio internacional para luego subsidiar su distribución interna. Sin embargo, la política de subsidios auspiciada por el gobierno saliente de Luis Arce, cuyo mandato concluye el próximo 8 de noviembre, agotó casi todas las reservas internacionales de divisas del país.
La falta de dólares ha vuelto progresivamente irregular el abastecimiento y generó presión social y política para encontrar alternativas. Según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados, esta norma “permitirá implementar medidas excepcionales que garanticen el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia”. El proyecto fue impulsado por organizaciones cívicas y empresariales mediante un mecanismo de iniciativa ciudadana.
Stello Cochamanidis, representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, organización promotora de la ley, describió a la televisora Unitel la situación en las ciudades: “Los surtidores tienen tres, cuatro filas. Ya no se puede pasar por muchas zonas porque no hay campo, porque la gente está haciendo colas”. El desabastecimiento ha impactado tanto a empresas como a ciudadanos particulares, y ha aumentado la presión sobre el gobierno saliente.
Bolivia atraviesa una coyuntura económica delicada debilitada por la persistencia de los subsidios y la falta de divisas. La inflación interanual en septiembre superó el 23%, un dato que se suma a las estimaciones del Banco Mundial, que prevé una contracción del producto interno bruto boliviano al menos hasta 2027. En este contexto, el presidente electo Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista, ha anticipado durante la campaña electoral su intención de recortar significativamente las subvenciones a los carburantes. De acuerdo con los últimos datos presupuestarios, solo en 2025 se destinarían a este rubro USD 2.177 millones. No obstante, Paz aseguró que mantendrá el precio congelado para los operadores del transporte público de pasajeros tras asumir el cargo por un periodo de cinco años.
La llegada de Paz al poder supone, además, un viraje en la política exterior boliviana. En declaraciones recientes a la agencia EFE, Paz expresó su voluntad de “retomar las relaciones con Estados Unidos”, que permanecen restringidas al nivel de encargados de negocios desde que, en 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsara al embajador estadounidense Philip Goldberg y a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusándolos de supuesta injerencia. Paz confirmó que ya ha establecido un primer contacto con la administración estadounidense a través del subsecretario de Estado Christopher Landau, en una visita realizada este septiembre. Según afirmó, Estados Unidos forma parte de los “países amigos” a los que planea acudir para dar respuesta a la escasez de combustibles.
Esta apertura ha generado malestar en algunos sectores políticos y en el propio gobierno saliente. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, manifestó en rueda de prensa que las declaraciones de Paz equivalen a “tenderle la alfombra roja” a la DEA, organismo cuya expulsión fue un hito del gobierno de Morales por, según él, “imponer” políticas y por los “efectos negativos” detectados en otros países, entre ellos la “violación sistemática de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza”. Ríos puso en valor la experiencia nacional en la lucha contra el narcotráfico, basada en la “dignidad y soberanía”, y criticó cualquier posible “injerencia extranjera”.
Por su parte, en una entrevista con EFE, Evo Morales declaró que “Estados Unidos no ayuda”, sino que “condiciona”, y consideró que cualquier restablecimiento de relaciones debe cuidarse para evitar caer en una “política de imperio”. Morales opinó también sobre la plataforma económica propuesta por Paz, en la que destaca la iniciativa ‘Capitalismo para todos’, crítica desde el prisma del socialismo del siglo XXI promovido durante sus años al frente del Ejecutivo. Este plan, vigente en las propuestas de Paz, incluye créditos baratos a emprendedores, reducción de impuestos y aranceles de importación, y la descentralización del presupuesto nacional hacia los nueve departamentos, para impulsar el desarrollo desde las regiones.
El triunfo electoral de Paz, que marca el final de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido acompañado de señales inmediatas de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Poco después de conocerse los resultados electorales del 19 de octubre, el gobierno estadounidense anunció un plan de ayuda para enfrentar la escasez de carburantes en Bolivia, aspecto clave en la crisis actual junto a la falta de divisas y una inflacionaria situación económica.
(Con información de AFP, EFE y EP)