Luego de que reactivaran la investigación por la desaparición de Rubén “Mencho” Gill, Margarita Gallego y sus cuatro hijos, se confirmó que el próximo 12 de noviembre, a las 8:30 horas, el campo “La Candelaria” será nuevamente inspeccionado con la intención de hallar rastros que permitan establecer qué ocurrió con la familia oriunda de Entre Ríos.
La decisión de reabrir el predio fue consecuencia de una orden emitida por el juez de Transición y Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi, tras la solicitud del abogado querellante, Marcos Rodríguez Allende, representante de la familia Gallego. El objetivo es profundizar la causa por averiguación de paradero de los seis integrantes de la familia, cuya ausencia se registró desde el 13 de enero de 2002.
El operativo contemplaría una inspección ocular judicial acompañada de procedimientos técnicos de última generación. En la intervención participarán la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, la División Policía Científica y la División de Investigaciones de la Jefatura Departamental de Nogoyá.
De acuerdo con la información recopilada por el medio local Ahora, entre los recursos previstos, se destacó el requerimiento de drones DJI Matrice 300. Se espera que estos permitan obtener imágenes aéreas de alta resolución para delimitar con precisión las coordenadas geográficas y realizar una georreferenciación exhaustiva de las 600 hectáreas del predio.
Otro de los aspectos más novedosos del procedimiento se refiere a la intención de solicitar la colaboración de la NASA. En este sentido, explicaron que con las coordenadas obtenidas en el terreno, se buscará acceder a imágenes satelitales retroactivas del año 2002, con el fin de identificar posibles movimientos de tierra que pudieran indicar la presencia de fosas.
“Creemos que los cuerpos están enterrados allí”, afirmó Rodríguez Allende en diálogo con el programa Cuestión de Fondo, emitido por Canal 9 de Entre Ríos, tras subrayar que la aplicación de esta tecnología podría resultar determinante para localizar zonas de interés.
De la misma manera, el abogado explicó que la intervención trascendería una simple inspección judicial, ya que implicaría la utilización de todos los recursos modernos disponibles en la Policía e inteligencia criminal para cartografiar el campo.
“Hay personas que no han dicho la verdad, han sido reticentes o parcialmente sinceras. Pese al fallecimiento del dueño del campo en un accidente en 2016, creemos que es fundamental renovar testimonios”, sostuvo el letrado.
La causa, que ha experimentado avances parciales a lo largo de los años, mantiene como principal destinataria de la búsqueda a María Delia Gallego, madre de Margarita y abuela de los cuatro niños desaparecidos. “Ella ha estado permanentemente en esta búsqueda. Merece saber la verdad, como también la provincia y el país”, concluyó su representante legal.
Una vez que se finalice el operativo, se elaborará un informe técnico integral que será determinante para definir los próximos pasos judiciales. La posibilidad de hallar respuestas, tras 23 años de incertidumbre, vuelve a cobrar fuerza en Crucesitas Séptima.
La desaparición de la familia Gill
De acuerdo con la reconstrucción del caso, la familia Gill permaneció desaparecida durante tres meses antes de que sus allegados recibieran la noticia, cuando Alfonso Goette, el patrón para el que trabajaban, se presentó en la vivienda de una de las hermanas de “Mencho” Gill.
Según relató el hombre, el grupo familiar se había marchado de vacaciones y nunca regresó, una versión que la familia rechazó de inmediato. El hecho de que la casa permaneciera intacta, con muebles, electrodomésticos, documentos y ropa en su sitio, reforzó las sospechas de los familiares.
Bajo el punto de vista de los allegados de la familia, resultaba improbable que hubieran abandonado el lugar de manera voluntaria. Incluso, se confirmó Margarita Gill dejó sueldos sin cobrar en la escuela donde se desempeñaba como cocinera, lo que sumó un elemento más a las dudas sobre la versión de Goette.
La investigación oficial avanzó con lentitud. No fue hasta julio de 2003, es decir, 18 meses después de la desaparición, que el juez a cargo dispuso la primera inspección en la estancia. Además de la tardanza, esta diligencia no arrojó resultados.
A partir de ese momento, se sucedieron relevamientos, rastrillajes, excavaciones y controles en las fronteras, pero ninguno de estos procedimientos permitió obtener datos concluyentes sobre el paradero de la familia. No obstante, el caso cobró un nuevo impulso tras la muerte de Goette.
Según explicó Federico Uriburu, el fiscal responsable de la causa, la muerte del patrón de los Gill propició la aparición de testigos dispuestos a aportar información que podría fortalecer la hipótesis que vincula al patrón con la desaparición de los Gill. Entre los testimonios más relevantes figura el de una persona que, en 2017, declaró haber visto el 14 de enero de 2002 a Gill manifestando su malestar por los pozos que el dueño del campo le había obligado a cavar.