La Fiscalía General de Rusia ha pedido al Tribunal Supremo que declare “organización terrorista” al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), el movimiento creado por el fallecido opositor Alexéi Navalny, uno de los principales enemigos del Kremlin. La solicitud, anunciada este miércoles por el colaborador de Navalny Leonid Vólkov, profundiza la ofensiva judicial del régimen de Vladímir Putin contra el legado político del activista, muerto en prisión en febrero de este año.
Según informó Vólkov en su canal de Telegram, la Fiscalía presentó la demanda ante el Supremo para que la persona jurídica del FBK —registrada en Estados Unidos tras su prohibición en Rusia— sea incluida en la lista de organizaciones terroristas. “No hay duda de que el 27 de noviembre el FBK será declarado terrorista”, escribió.
La decisión sería el último paso en una escalada represiva que comenzó en 2021, cuando el FBK fue declarado “extremista” y obligado a disolverse, lo que provocó la detención de cientos de voluntarios y simpatizantes. Con la nueva etiqueta de “terrorismo”, cualquier vínculo con la organización podría castigarse con penas de prisión de hasta diez años, según la legislación rusa.
Vólkov ironizó sobre el catálogo de acusaciones que el Kremlin ha acumulado contra el grupo: “El FBK será la primera organización con todo el panteón de condecoraciones putinistas: agente extranjero, indeseable, extremista, terrorista”. Sin embargo, advirtió que esta medida podría complicar sus operaciones en el extranjero, donde gestionan fondos y campañas de denuncia. “Será más difícil trabajar con bancos, socios y donantes”, admitió, aunque insistió en que “esto no nos detendrá”.
El FBK, fundado en 2011, se convirtió en el principal instrumento de investigación del entramado de corrupción del poder ruso. Sus videos —como el que reveló las mansiones de Putin y altos funcionarios— alcanzaron decenas de millones de visualizaciones antes de ser censurados por las autoridades. La organización fue desmantelada formalmente en Rusia en 2021, pero continuó operando desde el exilio bajo el liderazgo de Vólkov y María Pevchij.
Navalny, encarcelado desde su regreso a Moscú en enero de 2021 tras recuperarse de un envenenamiento con agente nervioso, murió en febrero en una colonia penitenciaria del Ártico. Las autoridades atribuyeron su fallecimiento a una “muerte súbita”, mientras que sus colaboradores denuncian que fue asesinado. La Unión Europea y Estados Unidos responsabilizaron políticamente al Kremlin y exigieron una investigación independiente, que Moscú ha rechazado.
El nuevo intento de criminalizar el FBK forma parte de una estrategia más amplia de control absoluto de la disidencia. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, las leyes contra el “extremismo” y las “noticias falsas” sobre el Ejército se han usado para silenciar periodistas, académicos y activistas. Más de 20.000 personas han sido detenidas por motivos políticos en los últimos tres años, según la oenegé OVD-Info.
El Kremlin justifica estas medidas como parte de su lucha contra la “influencia extranjera” y el “terrorismo occidental”. Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos sostienen que se trata de una persecución sistemática para eliminar cualquier espacio de oposición interna. “Rusia está utilizando la etiqueta de terrorismo como instrumento político”, denunció Amnistía Internacional tras conocerse la noticia.
Para los aliados de Navalny, la iniciativa de la Fiscalía tiene un objetivo simbólico: borrar todo rastro del movimiento que desafió al presidente durante dos décadas. “Luchamos contra los verdaderos terroristas, los que han secuestrado un país y envían al matadero a cientos de miles de hombres: Vladímir Putin y su partido Rusia Unida”, escribió Vólkov.
El proceso judicial comenzará el 27 de noviembre ante el Tribunal Supremo, un órgano subordinado al Ejecutivo que rara vez contradice las peticiones del Kremlin. La declaración de “terrorista” podría entrar en vigor de inmediato, cerrando el círculo represivo sobre el movimiento más emblemático del último ciclo opositor ruso.
Con esta maniobra, Moscú busca no solo anular la herencia de Navalny, sino enviar una advertencia a los grupos que intentan mantener viva su causa desde el exilio. En la Rusia de Putin, la lucha contra la corrupción —la misma bandera que alzó el opositor— se convierte, paradójicamente, en un delito de terrorismo.