El pedido de archivo de una investigación que involucra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue presentado por el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón Argudo, apenas unos días después de asumir el cargo tras un cuestionado nombramiento. La decisión, ingresada en la Corte Nacional de Justicia el 8 de octubre, busca cerrar una causa abierta por presunto tráfico de influencias en el proyecto minero Loma Larga, en la provincia del Azuay.
El documento —dirigido al tribunal presidido por la jueza Daniella Camacho— plantea que no existen elementos suficientes para continuar con la indagación, que también involucraba a la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi, y a representantes de la empresa canadiense Dundee Precious Metals. Ahora, será la Corte la que determine si la solicitud prospera o si el caso permanece en investigación previa, como demandan los denunciantes.
El movimiento antiminero, encabezado por el excandidato presidencial Yaku Pérez, advirtió que la petición se presentó en una coyuntura política “delicada”, cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la relación entre altos funcionarios y empresas del sector extractivo. Pérez y un grupo de activistas habían denunciado en agosto un supuesto intercambio de favores y gestiones indebidas en torno a la licencia ambiental otorgada a Dundee para operar en la zona de Quimsacocha, al sur del país.
Según Pérez, la empresa minera entregó donaciones a la Fundación ANA, de Valbonesi. Esto habría generado que se conceda la licencia ambiental.
La licencia, concedida a finales de julio, generó una de las mayores movilizaciones ciudadanas del año en Cuenca: más de 100.000 personas marcharon para exigir su revocatoria, alegando riesgos para las fuentes hídricas que abastecen la ciudad. Pocos días después, el Gobierno anuló el permiso, aunque la tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones ambientales se mantuvo.
El pedido de archivo ingresó justo antes del feriado por las fiestas de Guayaquil y fue una de las primeras gestiones de Alarcón en el cargo. El funcionario había sido designado por el Consejo de la Judicatura el 3 de octubre para sustituir temporalmente al fiscal Wilson Toainga, quien se encontraba fuera del país. La Fiscalía confirmó que Toainga retomó sus funciones el 10 de octubre, pero no se ha pronunciado públicamente sobre la actuación de su subrogante.
La intervención de Alarcón en causas de alto perfil no es nueva. Ha manejado procesos como el caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otro relacionado con una aseguradora de Petroecuador vinculada a familiares de la expareja del mandatario. Por eso, su decisión de solicitar el archivo de una causa que toca directamente al presidente generó inquietud dentro y fuera del sistema judicial.
Fuentes políticas señalaron que, aunque el pedido no implica un pronunciamiento de fondo, sí envía una señal institucional relevante en momentos en que la administración Noboa intenta proyectar estabilidad frente a la crisis económica y a las protestas sociales por la eliminación del subsidio al diésel. La eventual resolución de la jueza Camacho podría tener implicaciones sobre la percepción de independencia de la Fiscalía y sobre la relación del Gobierno con el sector minero extranjero, uno de los pilares de su agenda de inversión.
La minera Dundee Precious Metals, con sede en Toronto, sostiene que sus operaciones en Ecuador cumplen con los estándares ambientales internacionales y que el proyecto Loma Larga busca impulsar el desarrollo sostenible en Azuay. Sin embargo, las comunidades locales y colectivos ecologistas mantienen una postura de rechazo frontal a la minería metálica en la zona, considerada estratégica por sus ecosistemas de páramo.
Hasta el momento, ni el Palacio de Carondelet ni la Fiscalía General del Estado han emitido comentarios públicos sobre la petición. Los movimientos ambientalistas, en cambio, anunciaron que pedirán a la Corte Nacional de Justicia revisar íntegramente el expediente antes de cualquier decisión. El desenlace de este proceso marcará un nuevo capítulo en el conflicto entre los proyectos impulsados por el Gobierno y la presión de los sectores sociales que reclaman políticas más estrictas de protección ambiental.