El presidente Daniel Noboa atribuyó la explosión de un coche bomba en Guayaquil a una reacción desesperada de las mafias criminales afectadas por los recientes operativos militares contra la minería ilegal en el norte del país. En su primer pronunciamiento público –sucedido la mañana del 15 de octubre– tras el atentado, ocurrido anoche, el mandatario aseguró que su Gobierno “no retrocederá ante las mafias” ni cederá ante los grupos que buscan “atemorizar a las familias ecuatorianas”.
El estallido se registró frente a un centro comercial en el norte de Guayaquil y provocó la muerte de un taxista, además de dejar por lo menos dos heridos y severos daños materiales en el área. Autoridades policiales confirmaron que un segundo vehículo con explosivos fue encontrado y neutralizado por el escuadrón antiexplosivos. Los primeros peritajes apuntan a que se trató de un ataque planificado, con artefactos de fabricación profesional, ejecutado por estructuras vinculadas al crimen organizado.
Noboa enmarcó el ataque dentro de lo que describió como una ofensiva criminal en respuesta a la presión estatal en zonas estratégicas. “Mientras los bombardeamos en la minería ilegal en Buenos Aires, ellos están planificando coches bomba en Guayaquil, en Churute y en Cuenca”, declaró. El mandatario insistió en que las bandas, golpeadas en su economía subterránea, están recurriendo a métodos de terror urbano. “Nosotros no podemos retroceder ante las mafias, no podemos retroceder ante la gente que quiere aterrorizar a las familias ecuatorianas”, dijo.
El Ejecutivo relaciona directamente la ola de atentados con la pérdida de territorios y rutas de financiamiento que las organizaciones delictivas mantenían a través de la minería ilegal y el narcotráfico. Desde finales de septiembre, las Fuerzas Armadas han desplegado operativos aéreos y terrestres en Imbabura, Carchi y Esmeraldas, zonas que han funcionado como corredores de extracción aurífera sin control estatal. Noboa aseguró que “la máxima humanidad es la mezcla entre empatía y fuerza”, frase con la que intenta sintetizar su política de seguridad: una estrategia de represión sin renunciar a los programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.
El Ministerio del Interior respaldó la tesis presidencial y calificó el atentado como una “retaliación” de las mafias. Según el ministro John Reimberg, los dispositivos utilizados en Guayaquil fueron ensamblados con materiales de alto poder destructivo y buscaban “crear caos y pánico social”. Reimberg confirmó además la apertura de una investigación penal bajo el cargo de terrorismo y anunció que las cámaras de seguridad y los registros de tránsito ya se encuentran bajo análisis.
El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, sostuvo que el ataque “busca amedrentar” al Estado y recordó que Guayaquil ha sido uno de los principales escenarios de la violencia generada por el crimen organizado desde 2023. En las últimas semanas, la ciudad registró explosiones en puentes y ataques con artefactos caseros en sectores comerciales, hechos que, según las autoridades, se inscriben en un patrón de “resistencia criminal” a las operaciones de control estatal.
El Gobierno de Noboa, que en enero declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, enfrenta ahora una nueva fase de esa confrontación. La utilización de explosivos en zonas urbanas marca una escalada que pone a prueba la efectividad de la estrategia militar y el respaldo ciudadano al discurso de “orden y fuerza”. Analistas consultados por medios locales advierten que los ataques en Guayaquil, Cuenca y Machala podrían responder a una coordinación entre distintas facciones criminales que operan dentro y fuera de las cárceles, donde el control estatal sigue siendo precario.
Mientras las pericias avanzan, el impacto político del atentado se hace visible. La muerte del taxista —un trabajador que realizaba su ruta habitual— generó conmoción en la población y reavivó el debate sobre la seguridad en las principales ciudades del país. En redes sociales, usuarios y dirigentes sociales exigieron resultados concretos y protección efectiva frente a la creciente militarización del territorio.