Entre 1990 y 2022, el dirigente del Partido Nacional de Uruguay Gustavo Penadés tuvo una carrera ascendente en política. En los últimos años de ese período, se había convertido en el senador de referencia del gobierno de Luis Lacalle Pou en el Parlamento y era un legislador respetado por el oficialismo y la oposición. En paralelo, Penadés estaba cometiendo varios delitos sexuales de los que ahora es acusado.
El ex senador lleva dos años en prisión preventiva acusado de varios delitos sexuales, buena parte de ellos relacionados a haberle pagado por sexo a menores de edad. Está preso en la cárcel de Florida, a 100 kilómetros de Montevideo, a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha de inicio pero que la semana pasada tuvo una instancia clave: la acusación de la fiscal Isabel Ithurralde.
La fiscal pidió 16 años de prisión para Penadés quien, desde su prisión preventiva, insiste en que es inocente. El ex senador es acusado de 10 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato y un delito de atentado violento al pudor.
En el documento de acusación, consignado por el diario El País, la fiscal repasa los hechos perpetrados contra 13 víctimas por hechos que ocurrieron desde la década del 90 hasta el 2022. Diez de ellos denuncian haber recibido pagos de parte de Penadés a cambio de actos sexuales o eróticos. De los tres restantes, hay dos que denuncian que, siendo mayores de edad, fueron abusados por Penadés. Uno de ellos es Javier Viana, quien contó su relato en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder.
Otro de los relatos que se incluye en la acusación es el de un policía quien denunció que Penadés lo siguió en Punta del Este. Primero le ofreció tener sexo a cambio de dinero y, como él se negó, comenzó a perseguirlo por la calle. Por este caso, la Fiscalía lo acusa del delito de violencia privada.
La Fiscalía asegura que Penadés levantaba jóvenes de contextos vulnerables y que pasaban necesidad, lo que los llevaba a aceptar sus propuestas. Uno de ellos incluso estaba alojado en un centro de protección de menores estatal.
El modus operandi que las víctimas de Penadés describen es el mismo en varios casos. El dirigente político los levantaba en la calle cuando ellos iban a algún lugar.
Entre los relatos aparece el testimonio de dos personas controvertidas de la causa. Romina Papasso, una mujer trans que fue la que inició la causa tras una denuncia pública contra el ex legislador, y Jonathan Mastropierro, un hombre que estuvo en prisión por estafa y que denunció haber tenido sexo por dinero con Penadés cuando era menor. El ex senador admitió haber tenido relaciones con él, pero aseguró que fueron cuando era mayor.
La teoría de la defensa dice que tanto Papasso como Mastropierro coordinaron una campaña de calumnias contra Penadés y que se dedicaron a tergiversar hechos y encuentros. La estrategia de la defensa es explotar sus contradicciones e historiales delictivos para sembrar dudas sobre ellos, informó El País. Para la fiscalía, la teoría de que hubo denuncias armadas no se sostiene.
Otro caso señalado en la acusación involucra a cuatro jóvenes que eran amigos entre sí. Aseguran que Sebastián Mauvezín, un profesor de historia que está imputado en la causa por hacer el contacto entre ellos y Penadés, los vio jugando al fútbol y los invitó a formar parte de un campeonato. Antes, tenían que hacer un “trabajito” por el que les pagarían 2.000 pesos (unos USD 50, a valores de hoy).
La defensa de Penadés también pone el foco en estos casos porque considera que parte del relato es inverosímil.