Según filtraciones del expediente judicial 87-SH/RCI-2025 y declaraciones recogidas por medios costarricenses como La Nación y CR Hoy, la Inteligencia del Ejército de Nicaragua habría coordinado el asesinato del mayor en retiro y opositor nicaragüense exiliado en Costa Rica, Roberto Samcam, y se señala como presunto cerebro de la operación a Pablo Antonio Robles Murillo.
Samcam era un mayor retirado del Ejército de Nicaragua, analista político y escritor, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se exilió en Costa Rica tras el recrudecimiento de la represión en Nicaragua, y vivía en Moravia, San José.
El 19 de junio de 2025, Samcam fue asesinado en su apartamento. Sicarios ingresaron al condominio pretendiendo ser mensajeros, lo llamaron, lo atrajeron hasta una ventana y le dispararon ocho veces: cuatro al tórax, dos al abdomen y dos en una pierna. Pocos minutos después fue declarado muerto por la Cruz Roja.
El informe preliminar judicial señala que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó el 12 de septiembre de 2025 a cuatro personas presuntamente implicadas: Chaves Medina (intermediario), Luis Orozco González, Robles Salas y una mujer, apellidada Chacón Guillén. También se busca al gatillero material, identificado con el apellido Carvajal, de 20 años.
Respecto a Pablo Antonio Robles Murillo, la información recogida señala que se trata de un hombre de nacionalidad nicaragüense que también tiene nacionalidad costarricense, con formación militar, naturalizado costarricense, y con historial de viajes frecuentes entre Nicaragua y Costa Rica.
El expediente judicial incluye denuncias anónimas que lo acusan de haber sido entrenado en Cuba y Rusia “en labores de inteligencia, asesinato y sabotaje”. Se le atribuyen vínculos históricos con la unidad militar llamada Sócrates Sandino, y con el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua.
Según registros migratorios costarricenses, Robles Murillo efectuó decenas de viajes hacia Nicaragua: entre 2005 y febrero de 2025 sumaba 59 movimientos migratorios entre los dos países.
En 2025 específicamente habría realizado 10 viajes. El 10 de junio salió hacia Nicaragua, regresó el 23 de julio; luego, el 7 de agosto salió rumbo a Managua, y desde entonces, de acuerdo con su cuñada, no habría retornado por un puesto fronterizo oficial.
Robles Murillo posee un terreno de 282 metros cuadrados en Upala, provincia de Alajuela, inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad de Costa Rica el 20 de mayo de 2025.
En cuanto a la involucración del Ejército de Nicaragua según los datos filtrados al OIJ, el expediente judicial cita como fuente anónima que miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) participaron en la planificación del asesinato.
Se indica que Robles Murillo habría tenido “reuniones con la plana mayor del Ejército de Nicaragua hace un mes más o menos, posiblemente coordinando el asesinato del general en retiro Samcam”.
También se señala que agentes de la Dirección de Inteligencia de Cuba, G2, estarían operando en Costa Rica para apoyar labores de inteligencia vinculadas a opositores nicaragüenses.
Del informe se desprende la existencia de grabaciones de cámaras de seguridad que documentan los movimientos de los acusados antes, durante y después del asesinato: rutas de escape, cambios de vehículo y sitios de refugio.
En los teléfonos móviles incautados se encontraron comunicaciones entre los sospechosos tras el crimen, con mensajes como “Sáqueme de aquí”, “Corra”, “Aquí casi no hay señal”, “Corra xfa” y “Vueleeee”, además de envío de ubicaciones, coinciden con el trayecto observado en los videos.
Asimismo, se encontró una fotografía de la copresidenta nicaragüense Rosario Murillo, en una carpeta de un dispositivo electrónico del sospechoso Luis Orozco González, uno de los capturados el 12 de septiembre, según Cr Hoy.
“Dicha fotografía llama la atención dentro de los archivos ubicados, ya que es la única fotografía de políticos que se logró observar en el dispositivo móvil y debido a la victimología del ofendido quien era un conocido opositor al régimen nicaragüense”, dice el expediente.
Por el momento Pablo Antonio Robles Murillo no ha sido formalmente imputado en el caso, aunque aparece mencionado en el expediente judicial debido a las informaciones confidenciales. El director del OIJ, Rándall Zúñiga, ha explicado que aún faltan personas por detener vinculadas con el intermediario del crimen.
El informe de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN), presentado en septiembre de 2025, detalla la participación del Ejército y sus direcciones de inteligencia en labores de espionaje, vigilancia y hostigamiento hacia opositores exiliados y críticos del régimen Ortega-Murillo.
Se describe que la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar rastrean redes sociales, realizan interceptaciones de comunicaciones, perfilan a críticos en el exterior, vigilan físicamente, y en algunos casos amenazan directamente o hostigan a quienes se oponen al gobierno.
Ese informe también documenta que policías, Ejército, servicio exterior (embajadas y consulados) y agentes no estatales trabajan de forma coordinada para identificar “amenazas” internas y externas al régimen.
Según GHREN, algunas de las tácticas empleadas incluyen campañas de difamación que acusan falsamente a opositores de delitos, con el fin de desacreditarlos; interceptaciones de cuentas digitales; seguimiento de redes sociales; vigilancia física; amenazas directas; interferencias en comunicaciones; y en casos más graves, ataques con armas de fuego.
El informe de la ONU también menciona que el Ejército, a través de sus direcciones de inteligencia, colaboró con la Policía Nacional para perfilar a críticos, monitorear publicaciones, fotografías y conexiones digitales, usar algoritmos, rastrear palabras clave, y amenazar incluso de muerte en algunos casos.
El caso del asesinato de Roberto Samcam se encuentra en la fase de investigación o instrucción, donde se recopilan pruebas, se realizan detenciones y los sospechosos pueden defenderse. En entrevista al diario La Prensa, el abogado Federico Campos explicó que pronto podría realizarse una audiencia para definir medidas cautelares, en la que se espera se imponga prisión preventiva a los detenidos. Cuando el Ministerio Público presente la acusación y la querella privada se adhiera, el proceso avanzará a la fase de juicio para determinar responsabilidades.