El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recurrió nuevamente a un decreto presidencial este sábado para convocar a un referéndum sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna. Esta acción tuvo lugar apenas horas después de que la Corte Constitucional de Ecuador (CCE) suspendiera de manera provisional un decreto similar emitido la víspera, profundizando así el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el máximo tribunal del país.
El mandatario derogó el anterior decreto, cuya suspensión se debió a que no contaba con la validación previa exigida por la Corte para cada pregunta sometida a consulta, y emitió otro con el mismo propósito, instando al Consejo Nacional Electoral (CNE) a continuar con los trámites estipulados en la Constitución y la legislación electoral.
El pleno del CNE se reunió la mañana de este sábado en Quito con el objetivo de iniciar el proceso electoral de cara al referéndum previsto para noviembre de 2025. Por ahora, dicho referéndum contempla dos preguntas confirmadas: una sobre la posible presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y otra relativa a la financiación estatal de organizaciones políticas. La convocatoria a la Asamblea Constituyente, por el momento, permanece excluida a raíz de la medida suspensiva dispuesta por la Corte constitucional. Durante la sesión, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló la necesidad de que los jueces resuelvan “con celeridad” las solicitudes de suspensión y la validez del decreto concerniente a la Constituyente.
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto del presidente Noboa a última hora del viernes, tras admitir a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y profesionales del derecho. En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Corte explicó que la decisión respondía al “estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos”, según recogió el diario El Universo.
Noboa, a través de un nuevo decreto, argumentó este sábado que “ningún órgano está por sobre la voluntad del pueblo ecuatoriano” y que, en el uso de sus atribuciones, ve como un deber “garantizar que la voluntad popular se respete y se canalice a través de los mecanismos previstos en la Constitución, sin interferencias”. Su postura enfatizó el carácter esencial de la consulta sobre la Asamblea Constituyente en su proyecto de país y reprochó lo que considera “activismo político” de los jueces constitucionales, a quienes acusa de limitar reiteradamente iniciativas del Ejecutivo mediante demandas de inconstitucionalidad.
El conflicto entre la Presidencia y la Corte Constitucional no es nuevo. Solo en los meses recientes, los jueces han rechazado cuatro preguntas planteadas por Noboa para un referéndum, desencadenando críticas del presidente y manifestaciones populares organizadas por su gobierno en ciudades como Quito y Guayaquil. En declaraciones concedidas al medio Primicias, Noboa se preguntó: “¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida”.
La creación de una Asamblea Constituyente fue una de las principales promesas de Noboa durante la campaña que le permitió ser reelegido hasta 2029. Aspira a modificar la Constitución vigente, aprobada en la administración de Rafael Correa (2007-2017), e introducir reformas para, entre otros objetivos, endurecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En su propuesta, la Asamblea estaría conformada por 80 miembros electos en consulta popular.
En el plano parlamentario, la Asamblea Nacional, dominada por fuerzas afines al gobierno, aprobó en junio una reforma constitucional relacionada con el restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada en referéndum, ilustrando el clima de transformación institucional que impulsa el Ejecutivo. No obstante, la crisis de seguridad se ha agudizado: en los últimos seis años, Ecuador ha visto los homicidios aumentar más de 600%, de acuerdo con cifras citadas por Reuters y El Universo. El mandatario ha insistido en que estas circunstancias excepcionales exigen una renovación del marco jurídico nacional.
La convocatoria impulsada por Noboa ha suscitado también la reacción de organizaciones internacionales. Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), pidió tanto al gobierno como al CNE que acaten las decisiones de la Corte Constitucional y detengan cualquier avance sobre la consulta constituyente, según lo expresado en la red social X.
Por el momento, tanto el CNE como el Tribunal Contencioso Electoral han suspendido los preparativos relacionados con la Constituyente, en cumplimiento de la suspensión judicial. El diario El Universo reportó que la pregunta sobre la Asamblea Constituyente solo se incluirá si la Corte emite el aval correspondiente, una deliberación que permanece sin definir a la espera de la resolución de las demandas de inconstitucionalidad presentadas. La atención pública y política continúa centrada en el desenlace de este proceso, que determinará si los ecuatorianos votarán sobre la conformación de una nueva constitución en los próximos meses.
(Con información de EFE)