La Fiscalía de Bolivia emitió este sábado una orden de captura contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por un proceso relacionado con violencia familiar. El documento judicial, firmado por la fiscal especializada en delitos de razón de género Jessica Echeverría, instruye a las autoridades policiales a proceder a la aprehensión del denunciado al considerar fundadas las acusaciones de agresión en el entorno familiar.
El caso fue confirmado a los medios de comunicación el viernes por el fiscal general, Róger Mariaca, quien detalló que la denuncia fue presentada por la pareja de Luis Marcelo Arce Mosqueira antes del fin de semana. Según Mariaca, el incidente ocurrió el jueves en Santa Cruz, señalando que, tras la revisión investigativa preliminar, se evidenció la existencia de tanto violencia psicológica como física. “Dentro de la verdad material se puede evidenciar no solo una violencia psicológica, sino una violencia física, contra esta mujer que ha sido víctima”, subrayó Mariaca ante periodistas.
Por su parte, el presidente Luis Arce se pronunció públicamente este mismo sábado a través de redes sociales, destacando que toda denuncia en contra de sus hijos, quienes considera mayores de edad y completamente responsables de sus actos, debe ser investigada y esclarecida por las instancias correspondientes del Estado, igual que con cualquier otro ciudadano. Arce señaló que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde también a su condición de padre que respeta la normativa boliviana.
Este proceso no es el único que involucra a la familia presidencial. El viernes, el diputado Héctor Arce –quien integra la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) alineada al ex mandatario Evo Morales– presentó ante la Fiscalía en Sucre una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, otro de los hijos del presidente. Según lo expuesto por Héctor Arce ante los medios y consignado por la agencia Conectas, Rafael Ernesto habría adquirido bienes inmuebles en La Paz valorados en cerca de USD 755.000, lo que motivó la apertura de un segundo proceso penal en su contra.
El diputado recordó que, meses atrás, la plataforma Conectas ya había divulgado la compra, en 2021, de un terreno de más de 2.100 hectáreas en Santa Cruz por USD 3,3 millones, realizada cuando Rafael Ernesto tenía 25 años. La propiedad estaba destinada a la producción agrícola, específicamente maíz y soya, y es una de las mayores transacciones inmobiliarias atribuidas a la familia presidencial en los últimos años.
Las investigaciones revelaron además que Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira, entonces de 20 años, obtuvieron préstamos por un total de USD 9,1 millones a través de seis operaciones con un mismo banco en octubre de 2021. Estos hechos motivaron a la Fiscalía a reabrir, en julio pasado, un expediente que había sido cerrado a mediados de 2024.
En paralelo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del mandatario actualmente buscado por violencia doméstica, también había sido señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de explotación de litio. Dicha imputación se basa en una grabación difundida públicamente, aunque según la indagación fiscal, no se pudo establecer su responsabilidad ni vínculo formal con la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB). Esa denuncia fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.
Más allá de las acusaciones centradas en sus hijos, recientemente Luis Arce también fue denunciado públicamente por supuesto abandono a una mujer embarazada, una ex funcionaria estatal con la que habría tenido un hijo y a quien, según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer legalmente.
(Con información de EFE)