En la última semana, la gestión de las reservas bolivianas de oro estuvo en el centro del debate político en el país, a raíz de una acusación que hizo el aspirante presidencial de la alianza Libre, Jorge Quiroga, al Banco Central de Bolivia (BCB).
El candidato manifestó que se habían pignorado parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) de manera ilegal y amenazó con cárcel a los funcionarios del BCB. “Es ilegal pignorar el oro por debajo de 22 toneladas, prepárense para responder por eso. Tienen que entregar 22 toneladas de oro el 8 de noviembre (día del cambio de mando). De lo contrario, directo a la chirola se van todos”, manifestó Quiroga.
Las reservas de oro están reguladas por varias leyes en Bolivia, entre ellas la 1503, promulgada el año 2023, que autorizó la venta de casi la mitad de las reservas pero obliga al Estado a mantener un mínimo de 22 toneladas, como una reserva estratégica. La misma norma también autoriza al BCB a comprar oro a los mineros bolivianos, hacerlo refinar y a realizar operaciones financieras en mercados externos.
En un informe enviado a la Asamblea Legislativa, el BCB señala que al 31 de agosto las reservas de oro alcanzaban las 24,12 toneladas y que 21,85 se encontraban “depositadas e invertidas” en seis entidades financieras internacionales, y el restante 2,27 estaba en bóvedas. Los bancos depositarios están en Suiza, Alemania, Reino Unido, China y Estados Unidos y son “de alta calidad crediticia”, según el informe.
Sin embargo, algunas modificaciones normativas no consensuadas han generado incertidumbre en el último tiempo. Si bien la ley 1670 del Banco Central establece que la pignoración del oro debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, el Presupuesto General del Estado para 2025, que entró en vigencia sin discusión parlamentaria; además de un reglamento interno emitido en abril, levantaron esa restricción y autorizaron al BCB a dar en garantía las reservas de oro sin pedir permiso a ningún poder del Estado.
Tras las declaraciones de Quiroga, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro negó que se hubieran empeñado las reservas y dijo que lo que se hizo fue una “venta anticipada”.
Esta transacción luego tuvo que ser explicada por el gerente de Operaciones del BCB, Oswaldo Quelali, quien señaló que se trata de un “contrato a futuro” que compromete al Estado a entregar cerca de 8,4 toneladas en el plazo de un año. Este oro no saldrá de las reservas actuales, sino que será acumulado mediante adquisiciones en el mercado interno.
La operación, de la que se desconocen otros detalles, generó 800 millones de dólares que fueron destinados al gasto corriente, particularmente a la importación de combustibles y el pago de la deuda externa.
Para el economista Jaime Dunn, la operación financiera, que se respalda en los artículos del PGE cuya base legal considera “cuestionable”, abre el debate sobre “la vigencia, alcance y constitucionalidad” de la transacción y acerca del rol que debería tener la Asamblea Legislativa Plurinacional en la autorización de este tipo de operaciones.
Roger Banegas, ex director del Banco Central, sostiene que la falta de transparencia sobre la gestión de las reservas genera incertidumbre y especulación. “No está claro si lo han vendido de forma anticipada, si lo han pignorado, si lo han puesto en garantía, qué operaciones han realizado ni bajo qué condiciones”, señaló en entrevista con Infobae.
Para el experto, más allá del manejo de las reservas y las contradicciones legales, el problema es que la “venta anticipada” dejará al próximo gobierno sin la posibilidad de disponer de esos recursos. “El mensaje es bastante claro: dejar sin ningún mecanismo de reacción al próximo gobierno, esa es la acción final”, manifestó.
La controversia por el manejo de las reservas surge en medio de la crisis económica que Bolivia enfrenta desde hace más de dos años, a raíz de la debacle de la industria petrolera que era su principal fuente de ingresos. La merma en la renta petrolera ha provocado una aguda escasez de dólares en el país y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, donde la moneda norteamericana se cotiza a casi el doble del tipo de cambio oficial que el Gobierno ha mantenido fijo.
Esta situación ha provocado una cadena de problemas: una inflación galopante, el aumento sostenido de los precios de los alimentos y un periodos prolongados de escasez de combustible ante las crecientes dificultades de importación.
El presidente Luis Arce, cuya administración concluye en noviembre, manifestó en junio que el país estaba en riesgo de default y exigió a los legisladores salientes celeridad en la aprobación de créditos internacionales para obtener dólares en el corto plazo, como una estrategia final para sostener con pinzas sus últimos meses en el poder.