La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió sobre una situación crítica que atraviesa la actividad, con nuevos retrocesos en indicadores clave y señales crecientes de alarma por los efectos de la recesión y el freno a la obra pública. El sector, históricamente uno de los dinamizadores económicos y generadores de puestos de trabajo, profundizó sus dificultades en medio de un escenario donde la inversión estatal y privada siguió mostrando caídas pronunciadas.
Desde la sede de CAMARCO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresarios y referentes de la cadena de valor expusieron la gravedad de la coyuntura. En términos de volumen de obra ejecutada, la contracción de julio marcó uno de los datos más críticos del año. Las cifras disponibles exhiben una disminución respecto a los registros de igual mes del año anterior, replicando la tendencia contractiva iniciada varios meses atrás. Los socios de la Cámara enfatizaron que la recesión pronosticada para el segundo semestre sumó obstáculos adicionales en las perspectivas de recuperación.
El Consejo Federal de CAMARCO, reunido para analizar la situación del sector, notificó públicamente la extensión de la paralización o ralentización de obra pública en la mayoría de las provincias. Representantes de distintas jurisdicciones detallaron cómo proyectos de infraestructura nacional y provincial se detuvieron o sufrieron recortes sustanciales. Esta realidad derivó en el freno efectivo de nuevos llamados licitatorios y en la suspensión de obras en curso, según indicó la propia entidad.
El comunicado del Consejo Federal subrayó con énfasis la persistencia de incumplimientos en los pagos del Estado Nacional y de gobiernos provinciales a las empresas constructoras. Este fenómeno, considerado crítico por CAMARCO, impactó de manera directa sobre la solvencia financiera y la capacidad operativa de cientos de firmas, muchas de ellas pequeñas y medianas. La demora en la liquidación de certificados ya ejecutados fue catalogada por la entidad como un factor desestabilizador, ya que afectó no sólo a compañías de gran porte sino que también condicionó la cadena de pagos y arrastró dificultades hacia proveedores y subcontratistas.
En el mismo documento, los directivos de CAMARCO encendieron una señal de alerta sobre la pérdida acelerada de empleos dentro del sector de la construcción. Tomando datos recientes disponibles, la entidad informó que la cantidad de trabajadores registrados disminuyó de modo consecutivo durante los últimos meses, borrando buena parte de la mejora acumulada a comienzos de 2025. En palabras de la Cámara, “la destrucción de empleo es una consecuencia inevitable de la persistencia de la crisis y la falta de financiamiento para distintos tipos de proyectos”. Esta coyuntura afecta principalmente a las obras de viviendas sociales, hospitales, escuelas y obras de infraestructura básica, que dependen en gran medida de contrataciones estatales.
En su posicionamiento oficial, la Cámara Argentina de la Construcción recordó la urgencia de reactivar la inversión pública como motor para el desarrollo económico, al tiempo que solicitó canales de financiación accesible para capital de trabajo y una hoja de ruta concreta para saldar las obligaciones pendientes por parte de los gobiernos nacional y provinciales. El texto del Consejo Federal remarcó: “Frente al deterioro constante de los indicadores sectoriales, demandamos la articulación de políticas urgentes para recomponer la cadena de pagos y asegurar la continuidad de las obras”.
El reciente freno de la actividad de la construcción no se explica sólo a través de la obra pública. El sector privado también mostró una disminución del nivel de despachos de insumos claves, desde cemento hasta materiales para instalaciones eléctricas y sanitarias, según testimonios de empresarios del sector. La demanda por nuevas viviendas, edificaciones y oficinas tampoco logró recuperarse. El informe de la Cámara Argentina de la Construcción relacionó esta baja con la incertidumbre general sobre el rumbo económico, que inhibió inversiones y redujo la capacidad de iniciar nuevos desarrollos.
Las provincias que dependen en alto grado de la ejecución de recursos públicos para obra de infraestructura resultaron las más afectadas. En distritos del norte y del centro del país, como Chaco, Corrientes y Córdoba, la discontinuidad de los fondos nacionales obligó a autoridades locales a suspender proyectos que contaban con certificaciones ya presentadas y aprobadas. Empresas asociadas a CAMARCO advirtieron que la facturación correspondiente a más de tres meses atrás sigue sin pagarse, lo que impuso una presión financiera creciente y, en algunos casos, llevó a declarar el cese de actividades.
La falta de flujo financiero impactó en otras variables. Según los datos internos de la Cámara, parte del universo de 4000 pymes que integran la entidad reportaron dificultades para cumplir con cargas sociales, sueldos y compromisos fiscales. El acceso a líneas de crédito se volvió marginal, mientras que el costo del financiamiento privado registró subas que imposibilitaron su utilización para anticipar gastos o sostener el capital de trabajo. Empresarios citaron como ejemplo que, aun en obras de menor porte, la distancia entre los certificados presentados y los desembolsos efectivos superó los 90 días corridos.
La recesión del sector repercutió también sobre los indicadores sociales. El desgranamiento del empleo formal y la reducción de turnos y equipos en obra arrastraron consecuencias en servicios indirectos, como transporte, provisión de insumos y logística vinculada a la construcción. De acuerdo con lo expresado por CAMARCO en su gacetilla de prensa, la cadena de valor enfrenta una multiplicación de conflictos en la intermediación laboral, lo que se traduce en suspensiones, retiros anticipados y negociaciones de emergencia con sindicatos.
El deterioro en el acceso al crédito y la volatilidad de los precios constituyeron otros factores agravantes. A la falta de financiamiento estatal, los empresarios sumaron la inestabilidad de costos básicos, tanto en mano de obra como en insumos sensibles para la continuidad de las obras. En esa línea, la Cámara consignó que la mayoría de las empresas dejó de presentar ofertas en licitaciones ante la incertidumbre por la evolución de las variables macroeconómicas y la falta de ajuste en los pliegos presupuestarios.
La solicitud principal de CAMARCO apunta a que las autoridades nacionales y provinciales establezcan una respuesta rápida para sanear la cadena de pagos y diseñar mecanismos de actualización de precios para obras en ejecución. Para la Cámara, la restauración de condiciones financieras y la reanudación de la obra pública resultan elementos imprescindibles para modificar la tendencia regresiva del sector.
En sus declaraciones al Consejo Federal, la conducción de la Cámara Argentina de la Construcción reconoció que el freno en la cadena de pagos y la parálisis de obras públicas puede prolongar el proceso recesivo, con impacto directo en el nivel de empleo y en la capacidad productiva nacional. Al cierre de la reunión, el Consejo ratificó el compromiso institucional con la defensa del trabajo y la producción, aunque advirtió que el margen de resistencia de la cadena sectorial se encuentra agotado ante la falta de respuestas concretas.
El documento concluyó con una convocatoria a toda la cadena de valor para sostener el diálogo intersectorial y buscar acuerdos. Para la Cámara, “el objetivo fundamental es que la construcción recupere su papel estratégico como motor del desarrollo del país”.