El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un nuevo bloque de preguntas dirigidas a la Corte Constitucional con el fin de viabilizar reformas constitucionales y una nueva consulta popular, tras el revés que sufrió su primer paquete de propuestas, que no obtuvo dictamen favorable en su totalidad. El comunicado oficial detalla siete nuevas preguntas que el Ejecutivo busca someter a consideración, en medio de un escenario político marcado por tensiones entre el oficialismo y la propia Corte.
El mandatario plantea, en el terreno de las reformas constitucionales, cuatro iniciativas. La primera propone la creación de un registro con los nombres de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de impedir su participación en actividades relacionadas con menores de edad. Una segunda pregunta apunta a limitar la potestad de la Corte Constitucional, estableciendo que solo podrá declarar la inconstitucionalidad de leyes o decretos presidenciales si al menos seis de los nueve jueces lo aprueban.
El tercer planteamiento busca reformar la Constitución para que personas condenadas por extorsión, robo y receptación sean juzgadas y sancionadas mediante procedimientos expeditos.
También Noboa plantea eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades, reemplazándola por un sistema de concursos públicos y meritocráticos bajo responsabilidad de la Asamblea Nacional. Esta última propuesta apunta a modificar uno de los puntos más controversiales del diseño institucional del Ecuador, pues desde su creación el CPCCS ha sido cuestionado por su politización y su rol en la cooptación de instituciones clave.
En el terreno del plebiscito o consulta popular, el Gobierno incluyó tres preguntas. La primera plantea permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego, prohibidos en el país desde el referéndum de 2011, aunque ahora limitados a hoteles de cinco estrellas y bajo regulación legislativa. La segunda busca prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción usen su nombre, imagen o apoyo en campañas políticas. Otra pregunta propone expedir una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establezca de manera detallada la organización y procedimientos de la Corte Constitucional.
Estas nuevas propuestas llegan después de que la Corte Constitucional rechazara parcialmente el primer bloque de preguntas enviado por el Ejecutivo. Noboa había presentado ese paquete como una pieza central de su estrategia política para consolidar gobernabilidad en un contexto de crisis de seguridad, estancamiento económico y una Asamblea fragmentada.
La relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional se ha vuelto especialmente delicada en los últimos meses. Mientras Noboa insiste en que las reformas son indispensables para responder a las demandas ciudadanas, sectores académicos y sociales han advertido que algunas de las preguntas podrían tensionar el equilibrio de poderes, incluyendo al Alto Comisionado para la Independencia Judicial de la ONU y otros pronunciamientos de la CIDH.
El regreso del tema de los casinos también genera debate. La prohibición vigente fue resultado de una consulta popular en la que más del 52 % de los votantes se pronunció en contra de estas actividades. No obstante, el Ejecutivo argumenta que la reapertura, bajo condiciones estrictas y en espacios turísticos exclusivos, podría permitir que las ganancias estatales se destinen al programa gubernamental para combatir la desnutrición infantil. Organizaciones sociales, por su parte, ya han señalado riesgos en materia de adicciones y lavado de activos.
En cuanto al registro de agresores sexuales, la propuesta sigue una tendencia regional: países como México y Argentina han implementado mecanismos similares para limitar el acceso de condenados a entornos educativos o recreativos.
Noboa ha señalado que la consulta se realizaría a finales de noviembre. La estrategia de recurrir a la consulta popular apunta también a conectar con un electorado que, según encuestas recientes, sigue demandando soluciones inmediatas en seguridad y empleo, aunque se muestra dividido frente a cambios estructurales en el diseño institucional.
El Gobierno cerró su comunicado exhortando a los organismos correspondientes a “actuar a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano”. La Corte Constitucional tendrá la tarea de analizar la viabilidad de cada pregunta, determinando si cumplen con los requisitos de forma y fondo antes de autorizar su convocatoria.