La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), encabezada por el preso político José Daniel Ferrer, rechazó este lunes la decisión de la dictadura cubana de incluirla en su lista de organizaciones supuestamente vinculadas al terrorismo.
En un comunicado, la agrupación denunció que se trata de “una grave manipulación política, carente de fundamento legal e histórico, cuyo único propósito es desacreditar y criminalizar a un movimiento cívico y pacífico que, desde su fundación en 2011, ha trabajado en favor de los derechos humanos desarrollando labores humanitarias, la formación ciudadana y la dignidad de todos los cubanos”.
El pronunciamiento se produjo después de que La Habana actualizara en julio pasado un listado de personas y entidades acusadas de planear o ejecutar acciones violentas contra el Estado. Entre ellas figuran opositores históricos en el exilio e incluso creadores de contenido digital, a quienes el régimen señala de “delitos de odio”. En esa misma lista apareció la UNPACU, sin explicación pública, en el apartado de “entidades criminales radicadas en Estados Unidos” junto con la Junta Patriótica Cubana.
La organización calificó la catalogación de “inadmisible” y reiteró que siempre ha defendido “la vía pacífica, cívica y democrática para lograr un cambio en Cuba”. La agrupación subrayó que su labor ha estado centrada en proyectos de ayuda humanitaria, talleres de formación ciudadana y campañas en defensa de presos de conciencia.
En su comunicado, la UNPACU exigió como “prioridad” la liberación inmediata de su líder, José Daniel Ferrer, así como de “todos los presos políticos y de conciencia en Cuba”. Según la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, actualmente existen más de mil prisioneros de este tipo en la isla. El propio Parlamento Europeo ha denunciado reiteradamente la represión y encarcelamiento de opositores por motivos políticos.
La organización alertó además sobre las condiciones en las que se encuentra Ferrer. “Existen claras evidencias de que el Gobierno intenta terminar con la vida de nuestro líder mediante aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, negación de atención médica y otras prácticas que ponen en riesgo su integridad y su vida”, afirmó el comunicado. La familia del opositor ha denunciado que desde hace meses no recibe información clara sobre su estado de salud ni sobre su estatus jurídico.
El caso de Ferrer es uno de los más emblemáticos de la disidencia cubana. El activista de 55 años fue uno de los 75 opositores arrestados durante la llamada Primavera Negra de 2003, condenado entonces a 25 años de prisión. Tras su excarcelación parcial en 2011, se negó a aceptar el exilio forzado y fundó la UNPACU en Santiago de Cuba, que con el tiempo se convirtió en la organización opositora más numerosa de la isla. Amnistía Internacional lo ha declarado en varias ocasiones “preso de conciencia”.
En enero de 2025, Ferrer fue excarcelado tras un acuerdo entre La Habana y Washington mediado por el Vaticano, en el que se contemplaba la liberación progresiva de más de 500 prisioneros. Sin embargo, apenas tres meses después, el 29 de abril, fue arrestado de nuevo bajo el argumento de violar las condiciones de su libertad condicional. La dictadura lo acusaba de incumplir citaciones judiciales y de “desafiar públicamente a las autoridades” en redes sociales.
Desde entonces, la situación legal del dirigente opositor permanece en la opacidad. “La negativa sistemática de las autoridades a emitir una aclaración por escrito a su situación penal constituye una violación notoria del debido proceso y una muestra más de cómo en Cuba se vulneran de manera institucionalizada los derechos más básicos de sus ciudadanos”, denunció la UNPACU en su comunicado. El régimen no ha ofrecido detalles sobre las acusaciones concretas que pesan contra él.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha alertado en informes previos que la criminalización de la disidencia en Cuba se apoya en un marco legal ambiguo, donde delitos como “propaganda enemiga” o “atentado” se aplican de forma extensiva contra activistas pacíficos. En este contexto, la nueva designación de la UNPACU aparece como una extensión de esa estrategia represiva.
A pesar de la represión, la UNPACU ha mantenido una estructura activa dentro y fuera de la isla, con coordinadores en varias provincias y redes de apoyo en el exilio. En numerosas ocasiones ha denunciado hostigamiento policial, allanamientos de sedes y detenciones arbitrarias de sus miembros. En 2021, durante las protestas masivas del 11 de julio, la organización fue una de las más visibles en documentar arrestos y abusos a través de redes sociales, lo que incrementó la persecución contra sus militantes.
El futuro de Ferrer y de la UNPACU se presenta incierto en medio de la actual ola represiva. Aunque la organización insiste en su carácter pacífico, el régimen parece decidido a asociarla con actividades criminales, una táctica que los opositores denuncian como parte de la larga tradición de La Habana de equiparar disidencia política con traición o terrorismo.