Emmanuel Macron buscó esta semana recuperar el control de una situación política que amenaza con derribar otra vez al Ejecutivo. Durante el consejo de ministros celebrado el miércoles, envió un mensaje contundente: “apoyo total” al primer ministro François Bayrou, quien decidió someterse a una moción de confianza el 8 de septiembre con el fin de respaldar un plan de ajuste por 44.000 millones de euros. La vocera gubernamental, Sophie Primas, lo sintetizó en estos términos: “El presidente cree que no debe haber ni negación ni catastrofismo sobre las finanzas públicas de Francia. La oposición debe mostrar responsabilidad”.
Bayrou, un centrista cercano a Macron, enfrenta el desafío más serio desde que asumió el cargo hace apenas nueve meses. Con índices de popularidad en mínimos históricos —es el primer ministro más impopular desde la instauración de la Quinta República en 1958, según las encuestas—, ha decidido jugarse la supervivencia en una votación parlamentaria que podría derivar en la caída inmediata de su gobierno.
El plan de austeridad que defiende busca reducir el déficit y contener la deuda pública, que se sitúa en torno al 113,9% del PIB, una de las cifras más altas de la zona euro. Incluye medidas profundamente impopulares: eliminar dos días festivos, congelar gran parte del gasto social y recortar beneficios. Bayrou ha advertido que “la deuda francesa es insostenible” y que el aumento de los tipos de interés ha encarecido drásticamente el servicio de la deuda, situando al país en una posición delicada dentro de la Unión Europea, donde se exige un ajuste fiscal creíble.
Las consecuencias ya se sienten en los mercados. El índice CAC 40 de la bolsa de París cayó hasta un 1,7% el martes, mientras el coste de la deuda soberana se disparó y el diferencial con los bonos italianos se redujo, señal de un deterioro de la confianza internacional. “Es una señal fuerte que enviamos a los mercados financieros: queremos una Francia todavía más sólida”, insistió Primas al salir del consejo de ministros, intentando frenar la inquietud de los inversores.
El propio ministro de Finanzas, Éric Lombard, fue más lejos al advertir que, de no controlarse la situación, Francia podría verse obligada a recurrir al Fondo Monetario Internacional, un escenario impensable hasta hace poco para la segunda economía de la eurozona. Analistas señalan que París aún tiene margen para evitar un desenlace tan drástico, pero el simple hecho de que la posibilidad haya sido planteada subraya la gravedad del momento.
El telón de fondo es una Asamblea Nacional sin mayorías claras desde las elecciones legislativas de 2024. Macron, que disolvió el parlamento en un arranque de audacia política, se encontró con un escenario aún más fragmentado: la izquierda, la extrema derecha y el centro disputan cada votación con una lógica de bloqueo. En este ambiente, Michel Barnier, primer ministro anterior, apenas duró tres meses antes de ser derribado por el rechazo a su plan presupuestario.
Bayrou aceptó entonces el desafío de conducir el Ejecutivo, pero las condiciones no han cambiado. Ahora se encuentra ante la misma trampa: un Parlamento dividido y una ciudadanía desconfiada. El riesgo de que Francia vuelva a quedarse con un gobierno interino es alto, y la posibilidad de que Macron deba nombrar un cuarto primer ministro en menos de dos años ya no parece descabellada.
La presión para convocar nuevas elecciones crece con rapidez. Según un sondeo de Ifop, el 63% de los franceses está a favor de disolver la Asamblea y elegir un nuevo Parlamento, aunque el 51% duda de que Macron lo haga. Marine Le Pen y su partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, se muestran ansiosos por esa salida, convencidos de que podrían aumentar significativamente su presencia parlamentaria.
Ex colaboradores de Macron se han pronunciado en direcciones opuestas. Édouard Philippe, antiguo primer ministro y actual líder de Horizons, advirtió que si ningún gobierno logra presentar un presupuesto viable, “una elección parece inevitable”. En contraste, Gabriel Attal, jefe del partido Renaissance, aseguró que un nuevo proceso electoral “no traería necesariamente estabilidad ni claridad”.
Mientras tanto, Macron busca ganar tiempo. En declaraciones recientes dijo que no desea repetir la experiencia de una disolución, pero no descartó recurrir a ella si el bloqueo persiste.
La cuestión de fondo trasciende la coyuntura: ¿puede Francia imponer disciplina fiscal sin romper su tejido social? Durante décadas, el Estado francés ha sido garante de un sistema de bienestar generoso, pero hoy la presión europea y la dinámica de los mercados exigen correcciones profundas. La oposición coincide en el diagnóstico de que la deuda es un problema, aunque discrepa en los remedios: la izquierda propone gravar a los más ricos y a las grandes empresas, mientras la derecha reclama recortes más severos en el gasto público.
De aquí al 8 de septiembre, Bayrou se juega no solo su futuro político sino la capacidad de Macron para mantener en pie a su gobierno. La moción de confianza será un test decisivo de si la presidencia todavía tiene el pulso de la Asamblea o si Francia se encamina a un nuevo vacío de poder. Como admitió un diplomático europeo en Bruselas, citado por Le Monde, “lo que ocurra en París no es solo un asunto interno: toda la eurozona observa con atención, porque la estabilidad de Francia es esencial para Europa”.
Por ahora, Macron se aferra a la figura de Bayrou como escudo y como mensaje. Su “apoyo total” busca transmitir firmeza y continuidad, pero detrás de esa imagen late la fragilidad de un sistema político enrarecido, con un Parlamento ingobernable y una sociedad inquieta. La pregunta, cada vez más insistente, es cuánto tiempo podrá sostenerse ese equilibrio antes de que vuelva a desmoronarse.