El inicio de las negociaciones formales entre el Reino Unido y la Unión Europea para establecer un acuerdo sobre alimentos y bebidas se ha fijado para el próximo otoño, según informó el secretario de Estado para Europa, Nick Thomas-Symonds, citado por la agencia de noticias EFE.
El funcionario precisó que el Parlamento británico tendrá la decisión final sobre cualquier pacto que se alcance, subrayando la importancia del proceso legislativo en la implementación de este acuerdo.
Durante su intervención, Thomas-Symonds detalló que las conversaciones se centrarán en un acuerdo sobre normas sanitarias y fitosanitarias (SPS), con el objetivo de presentar posteriormente la legislación correspondiente ante el Parlamento.
El secretario de Estado aseguró: “Lo tendremos listo para 2027, para que las empresas y los consumidores vean los impactos tangibles lo antes posible: dinero ahorrado en las fronteras, beneficios liberados para invertir, libras esterlinas en los bolsillos de los trabajadores”.
Esta declaración, recogida por EFE, pone de manifiesto la expectativa del Gobierno laborista de que el acuerdo esté operativo en un plazo de dos años.
Actualmente, el marco vigente es de carácter temporal. Bajo este régimen, el Gobierno británico decidió suspender los controles fronterizos y el pago de tasas sobre determinadas frutas y verduras importadas desde la Unión Europea.
Esta medida exime de controles a productos de “riesgo medio”, como tomates, uvas y pimientos, mientras se negocia un acuerdo fitosanitario permanente. Hace unos meses, el Ejecutivo anunció la suspensión de estos controles fronterizos sobre frutas y hortalizas de riesgo medio, lo que ha permitido mantener la fluidez en el comercio de estos productos.
El posible acuerdo entre Londres y Bruselas también tendría repercusiones directas en la frontera del mar de Irlanda. La eliminación de las barreras comerciales impuestas tras el Brexit beneficiaría a los productos destinados a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales).
Actualmente, los intercambios comerciales con Irlanda del Norte se rigen por el acuerdo marco de Windsor, que mantiene a la región dentro del mercado único comunitario para bienes, evitando así la creación de una frontera física en la isla de Irlanda y preservando los acuerdos de paz, mientras Irlanda del Norte sigue formando parte del mercado interno británico.
La alineación regulatoria en materia agroalimentaria entre el Reino Unido y la Unión Europea permitiría la aplicación de un conjunto único de normas tanto en Irlanda del Norte como en Gran Bretaña. Esta armonización supondría la eliminación de la burocracia y los controles que se aplican desde 2021, facilitando el comercio y reduciendo los trámites administrativos.
Las restricciones comerciales entre las dos islas han provocado tensiones políticas en la comunidad unionista probritánica de Irlanda del Norte, que considera que estas medidas debilitan sus lazos con el resto del Reino Unido. Estas fricciones se producen en un contexto en el que ganan terreno las posiciones favorables a la reunificación de Irlanda.
Además, las trabas han tenido consecuencias económicas para la industria alimentaria, ya que la mayoría de los supermercados de Irlanda del Norte reciben sus suministros de centros de distribución ubicados en Inglaterra y Escocia.