La Asamblea Nacional de Ecuador, controlada por el oficialismo, aprobó este martes la Ley de Transparencia Social, enviada por el presidente Daniel Noboa, que establece mecanismos de regulación y supervisión sobre las organizaciones sin fines de lucro.
La norma fue defendida por el gobierno como clave para frenar el flujo irregular de capitales y actividades delictivas, pero recibió un rechazo abierto de la oposición y de organismos internacionales, que alertaron sobre un posible uso para criminalizar a la sociedad civil.
La ley respalda un mayor control estatal sobre las actividades y los fondos de asociaciones, fundaciones y otras entidades civiles. Durante el debate en el Parlamento, la asambleísta oficialista Mishel Mancheno argumentó que la legislación responde a la necesidad de cerrar vías para el ingreso de recursos ilícitos.
“La Unidad de Análisis Financiero y Económico identificó que durante los cinco primeros meses de este año se reportaron más de 600 millones de dólares en operaciones no justificadas y el Banco Central reportó que de 2007 al 2020 circularon 22.000 millones de dólares no justificados en el sistema financiero”, precisó la legisladora.
Daniel Noboa defendió la decisión y aseguró que “algunas de estas entidades se han vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad y la minería ilegal”. La nueva normativa surge tras reiteradas denuncias oficiales sobre la presunta utilización de organizaciones sociales para ingresar dinero al país y “desestabilizar” su sistema político y económico.
El texto aprobado establece controles reforzados sobre la procedencia y uso de fondos de las organizaciones no gubernamentales. La normativa le otorga al Estado la facultad de supervisar, fiscalizar y, si encuentra irregularidades, sancionar e incluso disolver estas entidades. Entre sus argumentos, el oficialismo sostiene que los recursos detectados en movimientos injustificados debieron destinarse “a educación, salud y obra social, pero lastimosamente cayeron en manos de economías criminales”, según expuso Mancheno en el pleno legislativo.
Desde el oficialismo se afirmó también que el proyecto “es el resultado de un consenso amplio y legítimo”, ya que organizaciones y expertos participaron en su discusión en comisión. No obstante, la sesión y aprobación de la ley se dieron en un clima de tensión con la oposición y representantes de la sociedad civil, quienes consideran que la regulación abre la puerta a limitar la libertad de asociación y a restringir la labor de defensores de derechos humanos, líderes indígenas y colectivos sociales.
Una de las voces internacionales más críticas ha sido la de la relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, quien este martes reiteró que “el principal problema es la estigmatización que se hace a las organizaciones haciendo una relación directa entre su acción y una lista de ilícitos, relación que no es demostrada en la exposición de motivos”.
El principal bloque opositor, Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, calificó la iniciativa como “abiertamente inconstitucional”. En un comunicado, el movimiento denunció que se incluyeron a último momento reformas tributarias y financieras no discutidas previamente, y que, en sus palabras, buscan “garantizar que los más poderosos del país nunca sean investigados ni sancionados”.
Durante el debate, la legisladora de RC, Paola Cabezas, sostuvo que “el verdadero espíritu no es ordenar la economía sino un control, la persecución y la criminalización a las organizaciones comunitarias del país”. Dirigentes sociales consideran que la ley podría ser usada para silenciar a quienes critican al gobierno o participan en protestas.
El asambleísta Alfredo Serrano, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), mostró preocupación porque una disposición transitoria exonera del pago de multas a empresas públicas en proceso de liquidación que adeudan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “El IESS no pertenece al gobierno de turno, pertenece a los afiliados… Este artículo es inconstitucional”, enfatizó Serrano.
La Ley de Transparencia Social es la cuarta reforma económica urgente enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea en un plazo de apenas 30 días. Las anteriores —Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia— también generaron fuertes cuestionamientos y están parcialmente suspendidas en la Corte Constitucional, que analiza demandas de inconstitucionalidad. Entre las medidas previas se incluyeron prerrogativas como el “indulto anticipado” para miembros de fuerzas de seguridad y la creación de un sistema de inteligencia con más atribuciones.
(Con información de EFE)