Bajo la premisa de reordenar el sistema de salud, el Gobierno declaró en crisis a Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro. La decisión se debe a que las entidades presentaron factores de criticidad superiores a los valores límite establecidos para su funcionamiento en relación a aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario.
Así quedó establecido a través de las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicadas este martes en el Boletín Oficial.
La dependencia oficial intimó a estas entidades a entregar un plan de contingencia en un plazo no superior a 15 días. El seguimiento de la situación de ambas obras sociales estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.
En este sentido, se evaluarán también indicadores económico-financieros, capacidad de repago de la entidad y su dependencia de subsidios financieros.
“La gestión de la S.S.Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población”, dicta el comunicado oficial.
Días atrás, también se había declarado en crisis a la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución. De este modo, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un plan de contingencia que incluya, como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral y un conjunto de acciones que se aplicarán al momento de su puesta en marcha.
“Esta decisión se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que viene realizando la Superintendencia desde el inicio de su gestión y que busca resguardar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar que los beneficiarios accedan a servicios de salud de calidad”, señalaron desde el Ejecutivo.
“Bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, el organismo ratifica su compromiso con la sustentabilidad del sistema, promover la libre competencia y la libertad de elegir de los beneficiarios”, añadieron.
Además, en junio pasado el Gobierno nacional dispuso el cierre y la disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), la segunda en ser intervenida durante la gestión de Javier Milei. La entidad atravesaba una crisis institucional y financiera. Contaba con apenas 50 afiliados, y “no pudo superar los factores de criticidad requeridos para funcionar”.
Asimismo, se había eliminado la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) en el Registro Nacional de Agentes de Seguro de Salud (RNAS), tras detectar irregularidades. Se trataba de la primera entidad sindical eliminada, sin afiliados ni prestaciones, considerada un “sello de goma”.
Otras entidades de salud en situación de crisis son:
- Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)
- Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)
- Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)
- Obra Social de Volkswagen Argentina
- Obra Social de Fedecámaras (Osf)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Peones de Taxis de Rosario
- Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas
- Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza
- Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma
Esto ocurre en un contexto marcado por cambios en el sistema de salud. A través del decreto 170/2024, el Poder Ejecutivo dispuso que los trabajadores puedan elegir de manera directa la obra social o la empresa de medicina prepaga a la que derivarán sus aportes, sin necesidad de pasar previamente por una entidad sindical como intermediaria. La medida busca transparentar los mecanismos de derivación y reforzar la libertad de elección dentro del sistema.
El alcance es amplio: comprende a más de 14 millones de personas, entre ellas asalariados en relación de dependencia, monotributistas y trabajadoras de casas particulares, además de los más de 5 millones de beneficiarios que forman parte del denominado sistema general.
En la práctica, el cambio reconfiguró la dinámica de financiamiento de las obras sociales y abrió el escenario a una competencia más directa con las prepagas.