El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, a quien el Gobierno estadounidense impuso sanciones, dijo a Reuters que los tribunales podrían castigar a las instituciones financieras locales por embargar o bloquear activos nacionales en respuesta a las órdenes de Washington.
En una entrevista a última hora del martes desde su oficina en Brasilia, Moraes concedió que la aplicación de la ley de Washington en relación con los bancos brasileños que operan en Estados Unidos “corresponde a la jurisdicción estadounidense”.
“Sin embargo, si esos bancos optan por aplicar esa ley a nivel nacional, no pueden hacerlo, y pueden ser sancionados por la legislación brasileña”, añadió.
Sus comentarios subrayan las posibles consecuencias de la sentencia dictada el lunes por otro juez del STF, Flavio Dino, quien advirtió de que las leyes extranjeras no pueden aplicarse automáticamente en Brasil.
El fallo fue seguido de una dura reprimenda de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que horas después advirtió en las redes sociales que Moraes era “tóxico” y que “las personas no estadounidenses deben actuar con cautela: quienes presten apoyo material a violadores de los derechos humanos corren el riesgo de ser sancionados”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso las sanciones a Moraes el mes pasado en virtud de la Ley Global Magnitsky, concebida para imponer sanciones económicas a extranjeros considerados culpables de corrupción o abusos frente los derechos humanos.
La orden le acusaba de suprimir la libertad de expresión y de liderar procesos politizados, entre ellos contra el ex presidente Jair Bolsonaro, un firme aliado de Trump que está siendo juzgado ante el STF acusado de planear un golpe de Estado para revertir su derrota en las elecciones de 2022.
Bolsonaro ha negado cualquier delito y ha denunciado el caso como motivado políticamente.
En su entrevista, Moraes dijo que las decisiones de los tribunales y Gobiernos extranjeros solo pueden tener efecto en Brasil después de la validación a través de un proceso interno. Sostuvo que, por lo tanto, no es posible embargar bienes, congelar fondos o bloquear la propiedad de ciudadanos brasileños sin seguir esos pasos legales.
El alcance mundial del sistema financiero estadounidense implica que los bancos extranjeros suelen restringir una gama más amplia de transacciones para evitar sanciones secundarias.
Moraes dijo que confiaba en que las sanciones en su contra se revirtieran por vía diplomática o mediante una eventual impugnación en los tribunales estadounidenses. Pero reconoció que por el momento habían puesto a las instituciones financieras en un aprieto.
“Este uso indebido de la aplicación legal coloca a las instituciones financieras en una posición difícil, no solo a los bancos brasileños, sino también a sus socios estadounidenses”, relató.
“Precisamente por eso, repito, es importante la vía diplomática para que esto se resuelva rápidamente, para evitar el uso indebido de una ley que es importante para combatir el terrorismo, las organizaciones criminales, el narcotráfico internacional y la trata de personas”, añadió.
El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.
(Con información de Reuters)