El Gobierno oficializó este lunes la entrada en vigor del Decreto 585/2025, que establece una reestructuración integral del Ministerio de Economía y de varios organismos descentralizados. La medida redefine funciones y estructuras en áreas estratégicas como agricultura, industria y transporte, e impacta en entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Casa de Moneda, entre otras.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, tiene como objetivo optimizar recursos y reducir la superposición de funciones en la administración pública. Entre las modificaciones principales, la Secretaría de Industria y Comercio amplía su alcance al participar en negociaciones internacionales con la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en temas de su competencia.
Además, la Subsecretaría de Gestión Productiva suma la función de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial y su biomasa, excluyendo la flor. También se le asigna la asistencia en la conclusión del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.
En el área de agricultura, el decreto dispone la disolución del INASE y del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), transfiriendo sus funciones y personal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se eliminan objetivos relacionados con la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas y la asistencia en leyes de fomento ganadero y caprino. La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional asume la coordinación de la actualización del Código Alimentario Argentino, mientras que la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal pierde competencias en la aplicación de leyes específicas del sector.
El INTA enfrenta una reestructuración profunda, con la eliminación de 46 unidades organizativas, principalmente administrativas y de apoyo. La toma de decisiones se centraliza en la figura del presidente, Nicolás Bronzovich, quien asume la responsabilidad exclusiva sobre el organismo. Se suprimen órganos de conducción con representación privada y se consolidan los centros regionales y de investigación en cinco grandes áreas temáticas: Agroindustria, Ciencias Veterinarias, Recursos Naturales, Economía Agropecuaria y Agropecuarias. El Gobierno fundamenta la reforma en la existencia de una “estructura burocrática inflada” y la “superposición de funciones”. Asociaciones de técnicos del INTA han advertido que los recortes podrían comprometer la innovación agropecuaria, mientras que desde la Bolsa de Cereales se destaca que la simplificación administrativa permitirá agilizar la transferencia tecnológica.
En el ámbito del transporte, la Secretaría homologa nuevas estructuras para la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. El decreto transfiere la Dirección de Estadística Vial a la Secretaría de Transporte y otras áreas de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Subsecretaría de Transporte. No se introducen cambios en la Dirección Nacional de Vialidad debido a una medida cautelar vigente, por lo que sus funciones permanecen inalteradas.
Otras transformaciones relevantes incluyen la incorporación del INV y la Dirección Nacional de Semillas como unidades organizativas de primer nivel bajo la Secretaría de Agricultura, así como la aprobación de la nueva estructura del INPI, que pasa a depender de la Secretaría de Industria y Comercio. La Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal se consolida como empresa y ente del sector público nacional bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El decreto otorga facultades especiales al Ministerio de Economía para realizar futuros ajustes en la estructura de los organismos afectados, siempre que no impliquen un aumento en las partidas presupuestarias. Además, establece que los gastos derivados de la reorganización se atenderán con los créditos presupuestarios existentes hasta que se realicen las adecuaciones correspondientes.
El INTA cuenta con un plazo de 90 días para implementar la nueva estructura, mientras que la Sindicatura General de la Nación deberá presentar un informe sobre el impacto financiero de la reestructuración.