Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), solicitó este jueves a Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del tribunal, que se fije una fecha para el juicio presencial contra el ex mandatario Jair Bolsonaro por los presuntos delitos relacionados con un intento de golpe de Estado en 2023, según documentos judiciales.
De Moraes, responsable de instruir el caso, remitió una notificación formal en la que informó sobre la conclusión de la instrucción procesal y la presentación de los alegatos finales tanto de la Fiscalía General de la República como de todos los acusados.
Según el escrito, De Moraes afirmó: “Considerando el cierre regular de la instrucción procesal, el cumplimiento de todas las diligencias complementarias, así como la presentación de alegaciones finales por parte de la Fiscalía General de la República y de todos los acusados, solicito al excelentísimo presidente de la Primera Sala (Zanin) (…) fecha para el juicio presencial de la presente acción penal”.
El proceso penal incluye a ocho principales acusados, entre ellos Bolsonaro, quien ejerció la Presidencia de Brasil entre 2019 y 2022. El ex mandatario está acusado de planear, junto a militares y altos funcionarios de su gobierno, un golpe para invalidar los resultados electorales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.
La defensa de Bolsonaro presentó su alegato de cierre este miércoles, documento de 197 páginas en el que exigió su absolución alegando “falta de pruebas” y negando cualquier participación en un complot golpista. Los abogados sostuvieron que Bolsonaro “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y remarcaron que la instrucción del proceso “demostró la absoluta falta de pruebas”. Solicitaron por tanto la absolución de todas las acusaciones.
El proceso penal, en el que la Fiscalía acusa a Bolsonaro de los delitos de golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público, podría conllevar penas de hasta 40 años de prisión si es considerado culpable.
El avance procesal tuvo lugar después de que la defensa del ex presidente y el resto de acusados presentaran sus alegatos finales, donde negaron que existiera apoyo material o intelectual de Bolsonaro al denominado “Plan Puñal Verde y Amarillo” ni a los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema. Los abogados alegaron que, durante la transición, Bolsonaro permitió el nombramiento de comandantes militares sugeridos por el gobierno entrante y se encontraba en Estados Unidos durante los disturbios.
El testimonio del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán presidencial, figura como la principal prueba de la acusación. Cid señaló en su declaración que participó en reuniones donde se discutió un posible decreto para anular las elecciones y declarar el estado de sitio. Bolsonaro y su equipo legal han cuestionado la validez de este acuerdo de colaboración judicial, argumentando inconsistencias y contradicciones.
Junto a Bolsonaro y Mauro Cid, otros acusados en la causa son el ex ministro de la Presidencia Walter Braga Netto, el ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el ex ministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el ex ministro de Justicia Anderson Torres.
Braga Netto es el único de los principales acusados que permanece en prisión preventiva; Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica desde el 5 de agosto, tras violar restricciones impuestas sobre el uso de redes sociales, incluyendo la difusión de mensajes a través de sus hijos legisladores.
El fiscal general Paulo Gonet afirma que existen pruebas documentales —notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo— que detallan la conspiración contra las instituciones democráticas brasileñas. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro actuó “de forma sistemática” para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado de Derecho.
El caso también se produce en un contexto de tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, suspendió la visa de De Moraes, le impuso sanciones bajo la ley Magnitsky y anunció aranceles del 50% a importaciones brasileñas, argumentando que se trata de una “caza de brujas” contra Bolsonaro. En una carta dirigida a Lula, Trump escribió: “La forma en la que Brasil ha tratado al ex presidente Bolsonaro (…) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”.
El Tribunal Supremo Electoral de Brasil ya inhabilitó a Bolsonaro para postularse a cargos públicos hasta 2030, al considerar que abusó de su autoridad y socavó la confianza en el sistema electoral. El panel de cinco jueces del STF decidirá ahora la culpabilidad o inocencia del ex mandatario. Si es condenado, Bolsonaro podrá apelar ante el pleno del tribunal. La fecha del juicio podría fijarse para septiembre, lo que determinará el futuro legal y político del líder de la derecha brasileña.
(Con información de AFP, AP, EFE, EP y Reuters)