El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una organización no gubernamental con sede en México, registró durante julio un total de 91 denuncias vinculadas a personas privadas de libertad en Cuba, de las cuales 68 correspondieron a violaciones de derechos, según su informe mensual difundido este jueves. Además, el reporte contabiliza dos muertes de personas bajo custodia, lo que eleva a 26 los fallecimientos en cárceles cubanas durante el primer semestre de 2025.
De acuerdo con el CDPC, durante julio se recopilaron 77 denuncias originadas en prisiones y centros de detención de todo el país.
La organización destacó el caso de Yan Carlos González, quien falleció tras mantener una huelga de hambre durante más de un mes para protestar contra su encarcelamiento provisional por un delito de sabotaje que, según reporta la ONG, el interno negaba haber cometido.
El CDPC señaló que, en relación con González, “pocos días antes de fallecer, cuando su estado de salud era ya irreversible, se le otorgó una modificación de medida cautelar, una práctica común del sistema penitenciario cubano para evitar el registro de nuevas muertes bajo custodia”.
La organización también notificó la muerte de Jimmy Castrillo en la prisión de La Condesa, en la provincia occidental de Mayabeque, atribuyéndola a tuberculosis. El CDPC citó su deceso como “otra muestra de las precarias condiciones sanitarias que persisten en los centros de reclusión”.
El informe indica que durante julio, al menos once reclusos recurrieron a la huelga de hambre como forma de protesta, principalmente por la privación arbitraria de libertad y la demanda de atención médica dentro de los recintos penitenciarios. El CDPC documentó violaciones de derechos humanos contra 51 prisioneros, entre ellos 10 mujeres y 41 hombres, mientras que ocho denuncias involucran de manera colectiva a la población carcelaria en centros específicos.
El organismo identificó a José Daniel Ferrer García, Roberto Pérez Fonseca, Juan Enrique Pérez Sánchez, Duannis Dabel León Taboada y Maykel Castillo Pérez como los presos políticos con más incidentes represivos documentados en su contra en el período.
Según el informe, los grupos más vulnerables bajo custodia son los presos por razones políticas, personas opositoras y afrodescendientes. El reporte señaló mayor cantidad de violaciones en las prisiones ubicadas en las provincias occidentales de La Habana y Mayabeque, así como en Santiago de Cuba, en el oriente de la isla.
Entre los incidentes más frecuentes consignados por la organización se encuentran el hostigamiento y la represión (55 casos), la negación de atención médica (23), las restricciones a la comunicación (11) y los casos de golpizas y torturas físicas (10). El CDPC subrayó que las condiciones materiales de los centros penitenciarios reflejan una alimentación insuficiente, carencia de medicamentos, agua contaminada y hacinamiento, lo que facilita la propagación de enfermedades como tuberculosis, hepatitis, gripes y escabiosis.
A la situación en las cárceles se suma el clima represivo denunciado el pasado martes 6 de agosto en la isla, cuando activistas, periodistas independientes y familiares de presos políticos reportaron arrestos breves y restricciones domiciliarias por parte de agentes de la Seguridad del Estado en coincidencia con el aniversario del Maleconazo, la única protesta masiva enfrentada por Fidel Castro durante su mandato.
El 5 de agosto de 1994, cientos de personas protestaron en el malecón de La Habana, en un episodio considerado un antecedente directo de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se manifestaron en 50 localidades, dejando un saldo de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos, muchos de los cuales permanecen encarcelados.
La ONG Cubalex, con sede en Miami, reportó ese martes acciones de vigilancia, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias y cortes selectivos de internet. Manuel Cuesta Morúa, disidente y promotor de la transición democrática, informó a la agencia AFP que desde la mañana se encontraba “sitiado por la policía” bajo un tipo de arresto domiciliario sin mandato judicial, una modalidad empleada en fechas consideradas sensibles para el régimen cubano.
(Con información de AFP y EFE)