La activista colombo-venezolana de derechos humanos Martha Lía Grajales fue excarcelada este martes en Caracas, tras pasar seis días detenida bajo acusaciones de “incitación al odio”, “conspiración con gobierno extranjero” y “asociación para delinquir”. La medida, confirmada por su esposo y compañero de labores en la organización SurGentes, Antonio González, sustituye la privación de libertad, pero no suspende el proceso judicial.
Grajales, directora de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto después de participar en una manifestación frente a la oficina de las Naciones Unidas en la capital venezolana. La protesta, convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, exigía la liberación de personas detenidas tras las manifestaciones poselectorales de julio.
“Quiero informar que aproximadamente a las 9H00 de la noche (01H00 GMT) Martha Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad”, señaló González en un video difundido en la red social X. Agregó que el proceso judicial en su contra “es a todas luces arbitrario”.
La Fiscalía chavista informó el lunes que Grajales es investigada por delitos tipificados en la legislación nacional con penas que pueden alcanzar los 30 años de prisión. Según el Ministerio Público, las acusaciones se basan en su presunta participación en acciones contra “las instituciones venezolanas y la paz de la República”.
Su detención se produjo en un contexto de represión a las protestas posteriores al fraude electoral de Nicolás Maduro, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición y la comunidad internacional. Según cifras oficiales, esas movilizaciones dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos. De ellos, alrededor de 2.000 han sido excarcelados, mientras el resto enfrenta cargos como “incitación al odio” y “terrorismo”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, había pedido el lunes la “liberación inmediata” de Grajales. “Su familia y abogado deben ser informados sobre su destino y paradero. Sus derechos humanos deben ser respetados”, señaló Türk en un mensaje difundido por su oficina.
Grajales ha acompañado de forma constante las protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, integrado por familiares de detenidos acusados de delitos graves tras las manifestaciones poselectorales. El grupo denuncia que estos procesos judiciales carecen de garantías y se utilizan para criminalizar la disidencia.
El dictador Maduro, en declaraciones del martes, acusó a varias organizaciones no gubernamentales que defienden a los presos políticos de recibir financiamiento extranjero. “Piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, los que hirieron gente inocente”, dijo. “¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas”, agregó.
La figura de “incitación al odio” fue incorporada al marco penal venezolano en 2017 mediante la Ley contra el Odio, cuya redacción ha sido criticada por organismos internacionales por su alcance amplio y por el uso que, según denuncias, ha tenido para sancionar opiniones políticas.
La ONG SurGentes, liderada por Grajales, ha documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin debido proceso en Venezuela. Su labor se ha centrado en brindar acompañamiento legal y visibilizar las denuncias ante instancias internacionales.
El caso de Grajales se suma a otros procesos judiciales contra activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido sobre el aumento de restricciones a la labor de las ONG y el riesgo de persecución penal contra quienes denuncian abusos estatales.
La fecha de la próxima audiencia contra Grajales no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, su defensa sostiene que continuará asistiendo a las citaciones judiciales, a la espera de que el tribunal decida sobre el fondo de las acusaciones. El resultado de este proceso podría marcar un precedente en el tratamiento de la protesta social y la defensa de derechos humanos en el país.
(Con información de AFP y EFE)