Los países del G7, junto con la Unión Europea y otros gobiernos aliados, acusaron a las autoridades de Hong Kong de buscar una “represión transnacional” al emitir en julio órdenes de arresto contra 19 activistas exiliados, algunos de ellos residentes en los Estados que suscribieron este viernes el llamamiento conjunto.
Las autoridades hongkonesas señalan a estos opositores de intentar “subvertir el poder estatal”, pero, según los firmantes, se les persigue únicamente “por ejercer su libertad de expresión”, una postura que varios gobiernos ya habían expresado de forma individual.
En el comunicado, advirtieron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad y la soberanía nacionales y para “defender a los individuos del alcance de gobiernos que intentan silenciarlos, acosarlos, dañarlos o coaccionarlos”.
Asimismo, instaron a denunciar cualquier “actividad sospechosa” o incidente que pueda implicar intimidaciones o presiones contra los activistas perseguidos en Hong Kong, territorio bajo soberanía china que en los últimos años ha endurecido sus leyes contra la disidencia en línea con la doctrina de Pekín.
Entre los acusados se encuentran el periodista Victor Ho, el activista Keung Ka-wai, el académico australiano Chongyi Feng y la ciudadana estadounidense Gong Sasha, informó el gobierno de Hong Kong en un comunicado. Las acusaciones se centran en su participación u organización de una elección en el extranjero para el denominado Parlamento de Hong Kong, así como en la creación o integración de dicho grupo.
Según una publicación en Facebook del 30 de junio, la elección para este Parlamento obtuvo alrededor de 15.700 votos válidos a través de una aplicación móvil y sistemas de votación en línea. Los candidatos y miembros electos representan regiones como Taiwán, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Aunque el colectivo se autodenomina Parlamento de Hong Kong, su comité organizador electoral fue fundado en Canadá y su influencia es limitada.
Este lunes, las autoridades de Hong Kong reforzaron su campaña contra 16 de los activistas pro-democracia que se encuentran fuera del país, acusados de poner en riesgo la seguridad nacional. Las nuevas medidas incluyen la prohibición de brindarles apoyo financiero, la revocación de sus pasaportes y restricciones para cualquier vínculo comercial o inmobiliario con ellos. Tres de los 19 activistas originales ya fueron objeto de medidas similares el año pasado.
Pekín impuso en 2020 una estricta Ley de Seguridad Nacional que, tras las protestas masivas de 2019, eliminó prácticamente toda manifestación pública de disenso en Hong Kong. Desde entonces, decenas de activistas han sido encarcelados o forzados al exilio.
Las más recientes sanciones se basan en una legislación de seguridad propia promulgada por Hong Kong el año pasado y han sido duramente cuestionadas por gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La policía ofreció recompensas de hasta un millón de dólares hongkoneses (unos 127.000 dólares estadounidenses) por información que permita la detención de los acusados.
(Con información de Europa Press)