La oposición brasileña anunció este jueves haber reunido las firmas necesarias para solicitar la apertura de un proceso de destitución contra el juez Alexandre de Moraes, quien dirige el juicio por el intento de golpe de Estado que habría sido liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro.
Según fuentes parlamentarias, la moción de la oposición suma el respaldo de 41 senadores, cifra que supera la mitad de los 81 escaños del Senado brasileño, aunque la decisión de admitir la solicitud recae en el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien está respaldado tanto por los partidos que apoyan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como por los alineados con Jair Bolsonaro.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, calificó la presentación de la moción como una “victoria” para la oposición, resaltando la mayoría oficialista en la Cámara alta y la “conversación franca” que mantuvieron con Alcolumbre. Sin embargo, senadores oficialistas indicaron el miércoles que Alcolumbre probablemente no dará curso al trámite.
Incluso en caso de ser admitida, la moción de destitución enfrenta obstáculos significativos: para prosperar necesitaría el apoyo de al menos dos tercios del Senado, mientras que los aliados de Lula da Silva rechazan abiertamente la propuesta de destituir a De Moraes.
Con las firmas recabadas, los legisladores opositores finalizaron la protesta iniciada el martes que había bloqueado los trabajos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. La protesta y el boicot a la actividad legislativa surgieron en respuesta a la orden de arresto domiciliario impuesta el lunes por De Moraes contra Jair Bolsonaro por supuestamente violar medidas cautelares en el marco del juicio por el intento de golpe de Estado.
Además de buscar la destitución del magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF), la oposición exige tramitar un proyecto de ley que promueva la amnistía a cientos de personas juzgadas por los asaltos a las sedes de los tres poderes, perpetrados el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro, una semana después de la investidura de Lula.
El “paquete de la paz” de la oposición incluye, además de la moción contra De Moraes, una enmienda para eliminar el fuero privilegiado, permitiendo que legisladores y expresidentes sean juzgados por tribunales de primera instancia en lugar del STF, como ocurre actualmente.
En respuesta al boicot, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, programó una sesión remota para este jueves con el objetivo de garantizar la continuidad de la agenda legislativa y evitar nuevas paralizaciones. “No aceptaremos intimidaciones y el Parlamento no será rehén de acciones que busquen desestabilizar su funcionamiento”, expresó Alcolumbre en un comunicado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, logró retomar el control del pleno tras más de 24 horas de bloqueo y convocó a una sesión rápida el miércoles por la noche, en la que pronunció un discurso sin votaciones. “La oposición tiene todo el derecho a manifestarse, pero todo debe hacerse respetando nuestro reglamento y la Constitución. No permitirá que actos de protestas anulen la voluntad del Pleno,” manifestó Motta ante los diputados.
El bloqueo del Congreso encabezado por los diputados del Partido Liberal (PL), cuyo líder es Jair Bolsonaro, incluyó la ocupación del plenario y la utilización de cintas en la boca como denuncia de lo que consideran censura a Bolsonaro, quien permanece impedido de comunicarse en redes sociales propias o ajenas por orden judicial.
La estrategia opositora fue replicada en el Senado, donde también se exigió la amnistía general para los condenados por el intento de golpe y la destitución de De Moraes.
Mientras ocurrían las protestas en el Congreso, los abogados de Bolsonaro presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para revocar su arresto domiciliario, alegando que las restricciones constituyen “censura” y que el ex presidente no controla la divulgación de mensajes por terceros. Bolsonaro cuenta con 70 años y desde el lunes permanece en su residencia en Brasilia con tobillera electrónica y limitaciones en el uso de teléfonos móviles. El juez De Moraes flexibilizó parcialmente las medidas, permitiendo que el ex mandatario reciba visitas de familiares próximos y de sus abogados.
Las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump contra De Moraes bajo la Ley Magnitsky, que permite aplicar medidas a extranjeros acusados de corrupción o de violar derechos humanos, han tensado aún más el escenario político. Trump también justificó la imposición de aranceles del 50% a productos brasileños en protesta por el proceso judicial contra Bolsonaro, su aliado político.
El proceso judicial contra Bolsonaro se desarrolla en un contexto de alta polarización política, con el ex presidente inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 y enfrentando una posible condena de hasta 40 años de prisión si es declarado culpable por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
La situación parlamentaria continúa siendo tensa, con la agenda legislativa supeditada a la superación del bloqueo opositor y al futuro de la moción presentada contra el juez del máximo tribunal del país.
(Con información de AFP, EFE y EP)