El Gobierno acumuló en julio su cuarto mes seguido de recorte en términos reales del gasto público luego de un inicio de año que había registrado un incremento en las erogaciones. En lo que va del año, según un informe de Analytica en base a datos oficiales, el gasto acumula un crecimiento de 2,3 por ciento. El acuerdo con el FMI, en este contexto, planteó cuáles deberían ser los próximos objetivos y estipuló una meta de superávit primario hacia fin de año.
El sendero fiscal en lo que va del año es “tironeado” por dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, el gasto en jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo, que explica algo menos de la mitad de todas las erogaciones, crecen desde hace meses con fuerza por la indexación que estableció el Poder Ejecutivo por decreto desde abril del año pasado.
Ese gasto, así, es inflexible a la baja y además cobra mayor peso en la medida en que desacelera la inflación, ya que el Gobierno paga aumentos según el IPC de dos meses antes. Por ejemplo, en agosto pagará aumentos de 1,6%, que corresponde a la inflación de junio. En procesos en que el ritmo de precios baja de manera sostenida, ese desfasaje hace crecer en términos reales el costo presupuestario. Por lo pronto, según Analytica, en julio el gasto en jubilaciones y haberes creció 13% interanual en julio y 16,3% acumulado entre enero y julio, en relación con ese mismo lapso de 2024.
En contraposición, el Gobierno necesitó reforzar el ajuste sobre otras áreas para compensarlo. Los números de Analytica dan cuenta de cuáles son esos sectores que experimentaron una poda más pronunciada en los últimos meses. En julio, con las cifras recién procesadas, exhiben una caída de 26,6% interanual en el gasto de subsidios económicos; un 11,4% en salarios públicos; un 42% en obra pública -que compara con un año en que ya ese presupuesto había sido bajo-; y una contracción de 35,5% en otros programas sociales por fuera de la AUH, como las Becas Progresar, entre otros.
Al mirar el panorama completo del año, esa consultora midió que los subsidios cayeron casi 52% entre enero y julio para poder sostener el superávit en las cuentas públicas. La obra pública se contrajo 47% y el gasto en personal casi 10 por ciento.
El acuerdo con el FMI tras la primera revisión de metas versó sobre el programa fiscal del Gobierno, algo que el staff técnico del organismo reconoció como una de las principales anclas del plan económico. En ese sentido, siendo el superávit primario uno de los objetivos centrales, eliminó la meta trimestral de fines de septiembre y dejó firme un umbral de 10,8 billones de pesos de excedente mínimo.
A lo largo de su informe, el organismo internacional sostuvo que alcanzar un superávit primario equivalente al 1,6% del PBI “es necesario para preservar la estabilidad financiera”. En ese marco, mencionaron que el Presupuesto 2026 “incluirá un marco fiscal de mediano plazo y una evaluación integral de riesgos”.
“Será necesaria una disciplina fiscal rigurosa y continua, junto con reformas fiscales en materia de tributación, coparticipación en los ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo. Se prevé que el superávit primario aumente a alrededor del 2,5% del PIB a mediano plazo, a medida que aumenten los costos generales de los intereses con la eliminación total de las restricciones cambiarias y el acceso renovado a los mercados internacionales de capital», resumió el FMI. Ese 2,5% de superávit primario mínimo está proyectado para 2027. El año próximo requeriría 2,2% del Producto.
También se incorporarán los efectos de las reformas en marcha y el cierre definitivo de los fondos fiduciarios extrapresupuestarios. Uno solo de ellos quedaría a salvo: el fideicomiso que financia los subsidios a usuarios residenciales de gas de las zonas frías del país. Desde la aprobación del programa actual, se cerraron siete fondos fiduciarios adicionales, con lo que el total asciende a 29 sobre un universo de 32. El proceso, según destacó el staff del organismo, “avanza con mayor rapidez” y sigue alineado con el ancla fiscal.
Finalmente, el staff del FMI sostuvo que serán necesarias reformas adicionales, entre ellas la revisión del régimen de coparticipación para alinear mejor los incentivos fiscales entre la Nación y las provincias, y reducir las rigideces presupuestarias. A su vez, se propuso fortalecer la credibilidad del ancla fiscal estableciendo por ley “una regla de déficit fiscal general cero”para finales de 2026, con la posibilidad de sumar con el tiempo elementos anticíclicos y anclas adicionales vinculadas a la deuda.