El régimen de Nicaragua otorgó en solo una semana tres concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Thomas Metal S.A., sumando más de 1.000 kilómetros cuadrados en la zona sur del país, específicamente en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica. Las concesiones fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta y autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas.
La última adjudicación corresponde al lote “El Castillo”, de 39.172 hectáreas, y fue oficializada este lunes. Se suma a otras dos: una de 47.410 hectáreas publicada el martes anterior y otra de 21.882 hectáreas del viernes. En total, el régimen entregó a la empresa china 108.464 hectáreas, en territorios que, según organizaciones ambientales, incluyen zonas protegidas y comunidades indígenas reconocidas por la legislación nacional.
De acuerdo con la ONG Fundación del Río, las tres concesiones se ubican dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, el Territorio Indígena Rama y Kriol, y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, zonas que forman parte del corredor biológico mesoamericano.
La organización advierte que estos permisos violan la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y que la actividad minera en estas áreas no cuenta con estudios ambientales independientes ni procesos de consulta previa con las comunidades afectadas.
La Fundación también señala que esta expansión minera se produce después de que el régimen derogara el reglamento que regulaba las áreas protegidas mediante la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, aprobada el pasado 6 de mayo por la Asamblea Nacional. Esa legislación eliminó normas que restringían proyectos extractivos en territorios como Indio Maíz.
Además del impacto local, la ONG ha advertido sobre posibles consecuencias transfronterizas, debido a la cercanía de las concesiones con el territorio costarricense de Crucitas, donde ya se ha reportado un aumento de la minería ilegal. Según Fundación del Río, esta actividad podría estar facilitando rutas de comercio ilícito y presión ambiental sobre ecosistemas compartidos.
El avance de capitales chinos en el sector minero nicaragüense ha sido significativo. En los últimos dos años, el régimen ha entregado más de 20 concesiones a empresas chinas, que juntas suman más de 400.000 hectáreas. Hasta finales de 2023, Nicaragua había autorizado 299 concesiones mineras: 172 para minería metálica y 127 para no metálica, según registros oficiales.
En paralelo, las exportaciones mineras del país alcanzaron 1.391 millones de dólares en 2024, lo que representó un aumento del 20,1 % respecto al año anterior, según el Banco Central de Nicaragua. Estos datos reflejan el creciente peso del sector minero en la economía nacional, aunque sin que existan mecanismos públicos de control ambiental o redistribución equitativa de los beneficios.
Organizaciones como Fundación del Río han anunciado que, en colaboración con el centro de pensamiento Expediente Abierto, preparan un análisis sobre los intereses mineros chinos en Nicaragua. El estudio examinará el impacto de estos proyectos sobre el medio ambiente, los territorios indígenas y los equilibrios geopolíticos en Centroamérica.
Las concesiones mineras a cielo abierto en zonas protegidas, otorgadas sin transparencia ni estudios públicos, representan una nueva etapa en el modelo extractivo impuesto por el régimen de Ortega, que ha estrechado su alianza con China desde el rompimiento de relaciones con Taiwán en 2021. Mientras tanto, el desmantelamiento de normas ambientales y el silenciamiento de voces críticas agravan una situación que compromete no solo a Nicaragua, sino también a sus países vecinos.
(Con información de EFE)