El gobierno de Costa Rica solicitó a las autoridades estadounidenses una “pausa” en la aplicación del nuevo arancel del 15% anunciado sobre sus exportaciones, mientras representantes del sector exportador del país advirtieron de graves impactos para la competitividad nacional, según informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
El comunicado de Comex detalla que la medida estadounidense responde al superávit comercial que Costa Rica mantiene con Estados Unidos debido al “crecimiento y éxito” de sus exportaciones. Las autoridades locales confirmaron que mantienen negociaciones activas y solicitaron detener la aplicación del arancel en tanto avanzan las conversaciones. La entidad afirmó que continuará trabajando para proteger la competitividad de las exportaciones nacionales y mitigar los efectos de esta decisión.
En abril, durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos anunció un arancel del 10% para varios países, incluido Costa Rica. Un mes después, el gobierno costarricense anunció la creación de una mesa de negociación para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera suprimir el gravamen. Sin embargo, el 31 de julio, Trump comunicó un nuevo paquete que eleva el arancel al 30% para los países sin acuerdo comercial y establece una tasa mínima del 15% para aquellas naciones con las que Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa, entre ellas Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Esta medida empezará a regir desde el 7 de agosto y afecta a unos 40 países.
Las autoridades costarricenses, por medio de Comex, aseguraron que seguirán defendiendo los intereses del país. “Comex reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del país y continuará trabajando activamente para mitigar los efectos de esta decisión y proteger la competitividad de las exportaciones nacionales”, indicaron en el comunicado.
Exportadores advierten de graves riesgos
La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) manifestó este sábado su preocupación por las consecuencias que supondría el nuevo arancel para la competitividad, la captación de inversión extranjera directa y la generación de empleo. El presidente de la organización, Víctor Pérez, recalcó que el sector enfrenta, además del aumento arancelario, numerosos desafíos estructurales que pueden afectar la estabilidad y el desarrollo económico.
“El escenario que enfrentamos como sector exportador y como país ante este aumento del arancel sumado a otros retos de competitividad como el tipo de cambio; la falta de modernización en materia laboral; la armonización energética; grilletes a la facilitación del comercio; barreras fitosanitarias; la rezagada infraestructura portuaria, aérea, vial y tecnológica, pueden llegar a comprometer entre otras cosas la permanencia de empresas, la disminución en la inversión”, sostuvo Pérez.
El sector exportador genera 710.000 empleos directos, que representan un 33% del empleo total costarricense, según datos de Cadexco.
La organización exigió al Ejecutivo costarricense intensificar los contactos directos con Estados Unidos a nivel presidencial y aprobar reformas como la ley para habilitar las jornadas laborales 4×3 (cuatro días de trabajo de 12 horas y tres días de descanso). Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la atracción de inversiones, retomar negociaciones para nuevos incentivos en zonas francas y mejorar aspectos de educación, formación técnica e infraestructura.
Estados Unidos es el destino del 47% de las exportaciones costarricenses y representa el 70 % de la inversión extranjera directa que recibe el país centroamericano. Costa Rica forma parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), vigente en el territorio nacional desde 2007.
EEUU financiará deportaciones desde Costa Rica
Por otra parte, según un documento obtenido por la agencia Reuters, el Departamento de Estado de Estados Unidos prevé destinar hasta 7,85 millones de dólares para apoyar a Costa Rica en la deportación de inmigrantes, en el marco de un acuerdo realizado durante el mandato del ex presidente Joe Biden. El dinero provendrá del fondo de apoyo económico, usualmente destinado al desarrollo económico de países aliados, y será transferido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la aplicación de las leyes de inmigración.
El DHS colaborará con las autoridades costarricenses para facilitar las deportaciones de inmigrantes desde el país centroamericano. Además, el programa proporcionará formación y asesoría técnica para mejorar la capacidad de las autoridades migratorias costarricenses en la gestión de solicitantes de asilo. El documento no precisa cuándo se implementarán las deportaciones ni si el proceso puede estar sujeto a ajustes.
A principios de año, Costa Rica accedió a una solicitud del gobierno estadunidense para recibir a 200 inmigrantes provenientes de África, Asia y Europa que estaban en situación irregular en Estados Unidos. Si bien el propósito era retornar a estas personas a sus países de origen, decenas han permanecido en territorio costarricense.
Los ministerios de Seguridad Pública e Inmigración de Costa Rica derivaron las consultas a la Oficina de la Presidencia y al Ministerio de Asuntos Exteriores, entidades que aún no brindaron respuestas oficiales.
La transferencia de recursos y la mayor coordinación con Estados Unidos buscan, según el Departamento de Estado, “reforzar la capacidad de las autoridades de inmigración costarricenses para detener el flujo de inmigración ilegal” y fortalecer los controles fronterizos y de protección internacional.
(Con información de EFE y Reuters)