La lucha entre el gobierno laborista británico y las organizaciones ecologistas ha entrado en una nueva fase tras las recientes concesiones del Ejecutivo en materia de planificación urbana. Tal como recogió The Economist, lejos de apaciguar los conflictos, esto ha alimentado nuevas demandas y debilitado la capacidad del gobierno para aplicar sus políticas.
El gabinete de Keir Starmer modificó su proyecto estrella de reforma urbanística después de recibir críticas de importantes ONG ambientales. El 17 de julio, el Ejecutivo presentó enmiendas que endurecen los requisitos de compensación ecológica y exigen respaldo científico de primer nivel para cualquier medida de mitigación. Estas modificaciones fueron recibidas con cautela por las grandes organizaciones ambientales.
No obstante, el sector laborista favorable a la construcción —conocido como YIMBYs— expresó su indignación. Este grupo advierte que los cambios facilitarán que los opositores utilicen los tribunales para frenar proyectos. Para el gobierno, esto representó un compromiso ejemplar; para sus críticos, una concesión que los debilita.
Según The Economist, la política británica reciente se ha visto marcada por un exceso de compromiso que ha producido resultados ineficaces. El ejemplo emblemático es el tren de alta velocidad HS2, entre Londres y Birmingham, un proyecto plagado de sobrecostes y retrasos atribuidos a intentos excesivos de contentar a todos sus detractores.
Entre los ajustes más costosos, estuvo la construcción de túneles bajo las Chiltern Hills para apaciguar a los residentes, desembolsando USD 160 millones únicamente para un túnel destinado a murciélagos. Pese a estos esfuerzos, la oposición vecinal persistió, y los críticos iniciales continuaron rechazando el proyecto.
Esta tendencia a la transacción afecta otras áreas. Una medida que eliminaba la ayuda invernal de hasta £300 para pensionistas fue revertida parcialmente después de las protestas. Actualmente, quienes perciben menos de £35.000 anuales — tres cuartas partes de los jubilados— seguirán recibiendo el subsidio. El ahorro fiscal previsto desapareció y la mejora electoral resultó mínima: antes de la rectificación, el laborismo tenía el apoyo del 13% de los pensionistas; después, solo alcanzó un 15%.
Luke Tryl, de la consultora More In Common, explicó que los grupos focales primero criticaron la retirada del subsidio y, tras las rectificaciones, cuestionaron la estabilidad del gobierno.
The Economist enfatiza que en ocasiones la determinación produce mejores resultados que el compromiso permanente. Las campañas de las “Waspi” (Mujeres Contra la Desigualdad en las Pensiones Estatales) ejemplifican este punto. Tras reclamar compensaciones millonarias por la subida de la edad de jubilación femenina, una propuesta de indemnización fue rechazada por el gobierno sin generar una reacción significativa.
Un caso similar ocurrió con la introducción del impuesto de sucesiones para agricultores con patrimonios superiores a £1 millón. Pese a amenazas de revuelta rural y presión mediática encabezada por Jeremy Clarkson, el Ejecutivo permaneció firme y la protesta se esfumó.
La presión de las organizaciones ambientales plantea un reto especial. Entidades como la Royal Society for the Protection of Birds, con 1,2 millones de miembros, tienen la capacidad de inundar a los diputados con cientos de miles de mensajes coordinados. Este fenómeno deja a los parlamentarios con escasos recursos efectivos para contrarrestar la influencia de tales grupos, afectando su capacidad real de decisión.
En el trasfondo, The Economist identifica una crisis de confianza en el mandato democrático. Aunque la ley de planificación superó cómodamente la Cámara de los Comunes y las enmiendas más radicales fueron rechazadas, el gobierno suavizó su propuesta antes de correr el riesgo de una derrota parlamentaria. Esta actitud comunica la idea de que el Ejecutivo se percibe a sí mismo como ilegítimo y que las elecciones solo otorgan un punto de partida para negociar con los verdaderos centros de poder, en vez de permitir gobernar con un mandato claro.
El desenlace inmediato depende de la recepción de las principales ONG ambientales en la Cámara de los Lores. Si la reforma —ya diluida— es aprobada sin más trabas, podría dinamizar la economía: la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria estima un aumento del 0,2% del PIB británico para 2029 a raíz de las medidas de planificación.
Sin embargo, la experiencia demuestra que las concesiones rara vez satisfacen a todos. Tras elogiar inicialmente los planes gubernamentales, las organizaciones ambientales pasaron a calificarlos de “dinero para la basura”.
Si los grupos más combativos suman su protesta, el resultado será una ley menos eficaz, conflicto público y un gobierno que lamentará no haber defendido firmemente su posición desde el principio.