La decisión del Gobierno de reducir de manera significativa los impuestos a la exportación de productos agrícolas clave, como la soja y el maíz, tuvo efectos tanto en el sector agropecuario nacional como a los mercados internacionales.
El anuncio, realizado el sábado por el presidente Javier Milei, implica una baja de los aranceles de la soja del 33% al 26% y del maíz del 12% al 9,5 por ciento. Esta medida, que busca aliviar la presión sobre los productores y revitalizar la competitividad argentina en el mercado global de granos, tuvo un impacto inmediato: los precios internacionales de la soja y el maíz cayeron a sus niveles más bajos en casi dos semanas, según reportó Bloomberg.
Argus Media destacó que la reducción de impuestos en Argentina, sumada a las buenas perspectivas de producción en Estados Unidos y Brasil, asegura una oferta abundante para los compradores internacionales y mantiene la presión sobre los precios. El movimiento, que responde a una coyuntura de márgenes de rentabilidad históricamente bajos para el agro argentino, también plantea interrogantes sobre sus efectos fiscales y políticos en el país.
Detalles de la medida
Milei anunció el sábado una reducción sustancial de los impuestos a la exportación de los principales productos agrícolas. La soja, uno de los pilares de la economía argentina, verá su arancel bajar del 33% al 26%, mientras que el maíz pasará del 12% al 9,5%. El trigo, en cambio, mantendrá su tasa en 9,5 por ciento. La medida no se limita a estos cultivos: también abarca derivados de la soja, girasol, sorgo y carne vacuna, con reducciones proporcionales en cada caso.
Según el análisis de ONE 618, la decisión representa una intervención más amplia y sistemática de lo que se había anticipado, ya que las señales previas del gobierno sugerían una eliminación de derechos de exportación solo para la carne. La reducción de impuestos se orienta especialmente a evitar una caída en la superficie sembrada o en los rendimientos, riesgos que se han incrementado por la falta de incentivos y la baja rentabilidad.
El anuncio argentino tuvo repercusiones inmediatas en los mercados internacionales de granos. Bloomberg informó que los futuros de la soja cayeron un 0,6% hasta los 10.150 dólares por bushel en la Bolsa de Chicago, mientras que el maíz retrocedió un 0,4% a 4,1725 dólares por bushel. El trigo también experimentó una baja del 0,8%. Estas caídas reflejan la expectativa de un aumento en las ventas argentinas, que se sumarán a una oferta global ya abundante y aumentarán la competencia para los productores estadounidenses.
Argus Media señaló que los precios en Estados Unidos continúan bajo presión, principalmente por las sólidas perspectivas de producción tanto en ese país como en Brasil y Argentina. El mercado anticipa un superávit de oferta, lo que reduce los riesgos climáticos y asegura un abastecimiento cómodo para los compradores internacionales. En este contexto, la decisión argentina refuerza la tendencia bajista de los precios y obliga a los productores de otros países a ajustar sus estrategias de venta.
Contexto sectorial: rentabilidad y desafíos del agro argentino
La reducción de impuestos a la exportación responde a una situación crítica para el sector agropecuario argentino. Según ONE 618, los modelos de producción agrícola, especialmente aquellos que operan sobre tierras arrendadas, han dejado de ser rentables debido a la combinación de precios internacionales bajos y la apreciación del tipo de cambio real desde principios de 2024. Históricamente, la agricultura argentina ha operado con márgenes de ganancia muy ajustados, en torno al 4-5% sin apalancamiento, pero en la actualidad esos márgenes se han reducido a cero o incluso se han tornado negativos en los esquemas de arrendamiento.
Esta situación ha llevado a que algunos arrendatarios opten por no sembrar, mientras que los propietarios de tierras recurren a paquetes tecnológicos mínimos, lo que reduce los rendimientos. El reciente default del grupo agroindustrial Los Grobo ilustra la magnitud de la crisis en el modelo de siembra por pools. Años de adversidades climáticas, seguidos de una recuperación modesta y ahora renovadas dificultades financieras, han incrementado el riesgo de una caída en la producción. La distancia a los puertos y los elevados costos logísticos, característicos de Argentina, agravan el problema, especialmente para los productores más alejados de los centros de exportación.
En este escenario, la baja de impuestos busca evitar una contracción de la superficie sembrada y estimular la inversión en tecnología y modernización, con especial énfasis en los pequeños y medianos productores.
Estrategia electoral y federalismo fiscal
La decisión del gobierno argentino tiene también una clara dimensión política. Las provincias agrícolas, como Córdoba y Santa Fe, constituyen un núcleo electoral fundamental. Según ONE 618, el gobierno optó por dirigirse directamente a los votantes de estas regiones, ofreciendo una reducción tangible de impuestos en lugar de negociar políticamente de manera tradicional. Esta estrategia permitió a Milei evitar un posible rechazo público en la exposición de la Sociedad Rural, donde finalmente recibió un fuerte respaldo tras el anuncio.
Además, la reducción de los derechos de exportación, que no forman parte del sistema de coparticipación federal de ingresos, beneficia a las provincias productoras al estimular la actividad económica local sin afectar sus presupuestos. El costo fiscal recae exclusivamente en el gobierno nacional, lo que representa una concesión política a los gobernadores en un contexto de negociaciones complejas en el Congreso. De este modo, el Ejecutivo busca reducir la fricción política y preservar su capital político en regiones clave, mientras mantiene bajo control el impacto presupuestario.
Impacto fiscal
ONE 618 estima que el costo anual de la reducción de impuestos ronda los 600 millones de dólares, equivalentes al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra es considerablemente menor que el costo potencial de otras políticas en discusión, como el aumento de las pensiones, que podría alcanzar el 0,75% del PIB. Además, el efecto fiscal de la baja de impuestos se verá reflejado principalmente en 2026, ya que la mayor parte de la cosecha de este año ya se ha comercializado. En contraste, las medidas sobre pensiones tendrían un impacto inmediato y permanente en el gasto público.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) subrayó que el costo fiscal concreto depende de cuánto aumente la producción y el saldo exportable. Si la base imponible crece en una proporción similar a la reducción de la alícuota, el impacto fiscal podría ser nulo. Además, la baja de impuestos puede traducirse en mayores ingresos por el impuesto a las ganancias y tributos provinciales, debido al aumento de la rentabilidad y la facturación de los productores.
La recaudación por derechos de exportación en Argentina ha mostrado una gran volatilidad en los últimos 27 años, influida tanto por cambios en las alícuotas como por factores climáticos. Según Iaraf, en 2008 la recaudación alcanzó el 3,17% del PIB, mientras que a fines de 2017 descendió al 0,43%. En los últimos 12 meses, la recaudación acumulada llegó al 0,95% del PIB, lo que equivale a tres veces el superávit fiscal del sector público nacional.
La reducción de los derechos de exportación a la soja implica también un cambio en la estructura del federalismo fiscal argentino. Al disminuir el aporte de las provincias productoras, se reduce el residuo fiscal positivo de estas regiones, lo que modifica la actual distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Este aspecto, según Iaraf, debe ser considerado en el análisis de los efectos de la medida sobre el equilibrio fiscal y la relación entre los distintos niveles de gobierno.